Órdago soberanista

El Parlament reduce el acuerdo de secesión a "solo una declaración de intenciones"

La Cámara catalana rechaza la suspensión del Tribunal Constitucional porque invade el ámbito político y supondría plegarse al "gobierno de los jueces"

28.11.2015 | 02:10
Carme Forcadell.

La resolución independentista del Parlament de Cataluña del pasado 9 de noviembre es "solo una declaración de intenciones y, por tanto, no es un acto idóneo para ser sometido a un procedimiento de constitucionalidad". Ese es el argumento principal de las alegaciones de la Cámara catalana contra la suspensión del acuerdo al admitir a trámite el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno contra la declaración secesionista. Los servicios jurídicos de la Cámara piden que se declare la inadmisibilidad de la impugnación puesta que la resolución "ha sido adoptada en el ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno" y solo puede ser valorada en ese contexto.

"La Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, solo es, y no es nada más que una declaración de voluntad y de intenciones porque ese es el único alcance que puede tener como acto de ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno", exponen los letrados del Parlament, que preside Carme Forcadell. La declaración independentista se apoya "directamente" en los principios básicos de la democracia y el pluralismo político, y obtiene su legitimación del voto ciudadano, según las alegaciones. Por ello, permitir que el Constitucional intervenga en este tipo de cuestiones, sería tanto como admitir la existencia de un control sobre el mismo ejercicio libre de la función parlamentaria de impulso político, "con el resultado constitucionalmente censurable de extender la jurisdicción del TC a un ámbito que debe quedarle vetado". Por eso pide al propio Tribunal Constitucional que "no se extralimite e invada la esfera propia de la actuación del Parlament". En las alegaciones se advierte que una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político "entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces".

En el otro frente de la confrontación política entre el Gobierno central y el catalán, el Ministerio de Hacienda autorizó ayer el pago a Cataluña de 319,3 millones de euros por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2015 correspondiente a noviembre. Ese dinero irá directamente a pagar convenios con farmacias (101,2 millones) y conciertos sanitarios (7,1 millones). El resto cubrirá vencimientos de deuda e intereses (206,9 millones).

La Generalitat de Cataluña ha comenzado a cumplir las nuevas condiciones que le impuso Hacienda para cobrar el FLA, tanto el de este año como el remanente de 2014, del que le corresponden 3.034 millones. Por un lado, se está adhiriendo al punto de entrada general de facturas electrónicas y además, la intervención general de la Generalitat trabaja en el primer informe de situación que se le exige sobre las cuentas públicas catalanas. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. "El Estado pagará directamente por el FLA ordinario de noviembre una vez que la comunidad autónoma cumple sus obligaciones", ha dicho. "No es necesario que hagan deporte, basta con que cumplan las condiciones", dijo Santamaría en respuesta a las declaraciones del consejero catalán de Hacienda, Andreu Mas-Colell, quien se ofrecía irónicamente a correr los 100 metros, pero que pedía a Hacienda que pagara.

El director de la oficina económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, garantizó ayer que "ningún proveedor de servicios sociales se quedará sin cobrar" el dinero de la Administración.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine