El Gobierno pedirá la suspensión de la declaración parlamentaria que pretende abrir el proceso hacia una Cataluña independiente "en el mismo minuto" en que así lo proclame el Parlament, según anticipó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la propuesta secesionista que, según el orden del día ya cerrado, los parlamentarios debatirán en la mañana del lunes y a la que ayer se añadió un anexo de ocho puntos destinado a "blindar" derechos básicos.

Como efecto inmediato del recurso del Gobierno, nadie podrá "ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración", ha insistido la vicepresidenta. "Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles", advirtió Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La número dos del Ejecutivo identificó "sin ningún género de dudas" a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, como la persona que debe sentirse aludida por el aviso del Tribunal Constitucional de que el Parlament habrá de velar por el cumplimiento de la Constitución y evitar que se vulneren los derechos de los diputados. Para Sáenz de Santamaría resulta insólita la advertencia del TC sobre la obligación de que el debate de la propuesta soberanista se desarrolle con pleno respeto a la Constitución. Y que, si no lo hace, entonces ese Tribunal podrá tomar las decisiones que estime oportunas, como ya hizo en 2013 con la declaración independentista.

Forcadell mantuvo ayer una ronda de encuentros con los portavoces parlamentarios catalanes que concluyó con su decisión de proponer a Artur Mas como candidato a la Presidencia de la Generalitat. El debate de investidura se celebrará el mismo lunes por la tarde, en un segundo pleno. El aspirante intervendrá durante un tiempo ilimitado y al día siguiente, el martes, lo harán los portavoces de los grupos parlamentarios.

Para ser investido presidente, Mas precisa de mayoría absoluta en esta primera votación, algo que resulta muy improbable que consiga, lo que dará pie a que el pleno se vuelva a reunir 48 horas más tarde, es decir el jueves. En esta sesión, el candidato podrá volver a intervenir, así como los diversos grupos, y al final tendrá lugar una segunda votación en la que únicamente se precisa de mayoría simple para que el candidato sea proclamado presidente de la Generalitat, algo que por ahora tampoco parece probable por las reticencias de la CUP a dar su apoyo a Mas.

El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, reconoció ayer que Mas todavía carece del respaldo suficiente para salir investido, aunque se mostró confiado en que las negociaciones con la CUP llegarán a buen término. "Mientras quede calendario, hay partido", afirmó. Para Romeva, el anexo acordado con la CUP, que complementa el texto de la propuesta de resolución que inicia el proceso hacia la independencia "es un buen ejemplo del entendimiento" entre ambas formaciones en las cuestiones básicas.

Soluciones imaginativas

El anexo, presentado en el registro del Parlament ayer, tiene como finalidad "blindar" derechos básicos en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, entre otros. Será votado conjuntamente con el resto del texto de la resolución que Junts pel Sí y la CUP pactaron la semana pasada en el que se apuesta por la "desconexión" de Cataluña del Estado español y también se afirma que las resoluciones aprobadas por las instituciones catalanas no quedarán supeditadas a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Como alternativa a la falta de respaldo de la CUP, el coordinador general de CDC, Josep Rull, sugirió ayer la posibilidad de que esta formación aplique una "fórmula imaginativa" que permita investir a Mas como presidente de la Generalitat. Bastaría con que en la segunda votación del debate de investidura, previsiblemente el jueves, en la que resulta suficiente una mayoría simple, a los 62 votos de Junts pel Sí se sumaran dos de la CUP y la abstención de los ocho diputados restantes de la izquierda independentista y anticapitalista.