La oposición en bloque se enfrentó ayer al PP y al presidente del Congreso, Jesús Posada, para tratar de frenar la tramitación exprés de la reforma de la ley orgánica del Constitucional presentada por el PP. La idea partió del PSOE, que negoció y pactó con el resto de los grupos un escrito dirigido a Posada en el que le piden que reconsidere la decisión que tomó el martes, cuando calificó la iniciativa de los populares y aceptó su tramitación urgente. Una urgencia que no ven justificada los demás partidos. La socialista Magdalena Valerio acusó a Posada de incumplir el reglamento y poner sus funciones "al servicio" del PP y aseguró que el presidente solo puede calificar proyectos de ley o tratados internacionales de urgencia, pero no proposiciones de ley urgentes. Una tesis que negó el propio Posada, quien aseguró que los servicios jurídicos del Congreso le dieron el visto bueno para calificar la proposición y permitir su tramitación exprés. No obstante, admitió que los grupos pueden pedir a la Mesa que reconsidere la decisión que él tomó de forma delegada.
Formas al margen, todos volvieron a criticar el carácter electoralista de la reforma y el PSOE avanzó que la recurrirá ante el propio alto tribunal.
