Efecto dominó desde La Zarzuela

La abdicación de Juan Carlos I obliga al Gobierno a improvisar medidas jurídicas en un momento de incertidumbre para las instituciones por el impacto de la crisis

08.06.2014 | 01:20

La abdicación del Rey Juan Carlos I ha provocado una sacudida en el escenario político y social del país sin precedentes en los últimos 38 años de la historia de España. El comunicado de La Zarzuela, previo a la comparecencia pública del propio monarca, ha desatado un efecto dominó de connotaciones jurídicas, políticas y dinásticas del que todavía no están claras las consecuencias ni siquiera para el más conspicuo de los analistas.

La versión oficial sobre la renuncia se ha esforzado en recalcar que Juan Carlos I tomó la decisión de abdicar de la Corona el pasado 6 de enero, jornada en la que presidió la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real justo el día después de su 76 cumpleaños. Las equivocaciones en aquel discurso y la fatiga sirven ahora de coartada para argumentar que días después el Príncipe de Asturias fue el primero en enterarse de los planes de su padre, que aún tardaría dos meses en comunicárselos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y uno más al jefe de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Llama poderosamente la atención, a juicio de expertos constitucionalistas, que el presidente de las Cortes quedara al margen de esa cascada de revelaciones, cuando son las Cortes Generales las llamadas, por ejemplo, a proveer la sucesión cuando no hay sucesor o la institución que tiene la capacidad de prohibir matrimonios de los herederos al trono, según la Constitución, votada mayoritariamente por los españoles en 1978.

Pese a que también se sostiene que desde marzo los equipos de la Casa Real y del Palacio de la Moncloa empezaron a perfilar "la hoja de ruta" del proceso de abdicación, la sensación de improvisación ha cotizado al alza desde el pasado lunes, incluso con mensajes cruzados entre las más altas instituciones del Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy, además de confirmar oficialmente la renuncia real antes de que compareciera en público el propio Juan Carlos I para anunciar su decisión, tuvo que ponerse, a marchas forzadas, a elaborar una ley orgánica sin precedentes y, de paso y no menos importante, regular el tratamiento y la situación jurídica y económica del Rey saliente de ahora en adelante, una vez que el Príncipe de Asturias sea coronado como Felipe VI.

Que en 38 años de democracia, con períodos prolongados en los que la institución de la Casa Real era poco menos que intocable y gozaba de mayor popularidad y simpatía que en la actualidad, los gobiernos de turno no dieran el paso de legislar situaciones que se podían plantear como consecuencia de una renuncia como la actual pone en evidencia la capacidad de previsión de los partidos mayoritarios, pero también refleja la incomodidad que entrañaba abrir en España un debate sobre la monarquía, independientemente de que la situación socioeconómica fuera de mayor estabilidad que la actual.

La ley orgánica, primer paso. La abdicación viene definida de manera genérica en el artículo 57 de la Constitución, que plantea la necesidad de elaborar una ley orgánica. Y hasta ahí llegó la clase política española. Desde 1978 no se ha desarrollado ni apenas debatido en este país sobre una situación que no es inusual en el resto de Casas reales reinantes. El espíritu de consenso que marcó la Transición dio paso al cortoplacismo que ha caracterizado la política española en las últimas décadas. Ni siquiera está claro el tiempo que ha de transcurrir entre la renuncia de un monarca y la coronación del sucesor. "Se está improvisando hasta en los plazos cuando lo lógico sería que hubiera una ley que regulara todas las hipótesis", ha advertido el constitucionalista Miguel Ángel Presno, uno de los expertos que el pasado mes de abril compareció en el Congreso de los Diputados para informar sobre medidas anticorrupción que permitan avanzar en la regeneración democrática.

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha echado cuentas y anuncia que la ley de abdicación saldrá adelante con una mayoría aplastante, con más de 300 votos de los 350 diputados de la Cámara Baja, cuando 176 serían suficientes.

Juan Carlos, de inviolable a aforado. La abdicación supondrá un cambio de estatus jurídico para el hasta ahora monarca. El artículo 56 de la Constitución Española establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad pero esta situación se pierde automáticamente con la abdicación ya que cuando el monarca deja de serlo pierde su función institucional. El principal cambio es que Juan Carlos de Borbón podría ser juzgado, un supuesto imposible mientras era el Rey. La inviolabilidad dará paso al aforamiento y Juan Carlos de Borbón perderá su blindaje judicial, al menos hasta que el Gobierno central culmine la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tenía previsto regular la condición de aforados del Príncipe de Asturias y de la Reina pero no la del, ahora, monarca saliente. El aforamiento establece qué tribunal es el competente para juzgar al Rey saliente en un hipotético proceso judicial que, a juicio de los expertos, nunca podría tener carácter retroactivo. Es decir, Juan Carlos de Borbón no podría ser juzgado en ningún caso por hechos acaecidos durante su reinado.

Nuevo tratamiento. La abdicación de Juan Carlos I también requerirá definir el tratamiento que recibirá de ahora en adelante, una cuestión que el Gobierno pretende resolver mediante un real decreto. Otra cuestión por definir es la asignación de fondos que recibirá cuando deje la Corona. Hasta ahora el Rey fijaba la asignación de los miembros de la Casa Real pero no había el precedente de un monarca saliente.

Los derechos sucesorios. La coronación de Felipe VI convierte a su hija primogénita, la Infanta Leonor, en Princesa de Asturias. Siempre y cuando no nazca un hijo varón, en cuyo caso sería preciso reformar la Constitución para que la heredera al trono siguiera siendo la Infanta Leonor.

Crisis e incertidumbre en las instituciones. La abdicación de Juan Carlos I llega en un momento especialmente delicado por el impacto que la prolongada crisis económica ha supuesto para el descrédito de las instituciones. La irrupción de partidos políticos ajenos al período de la Transición, como Podemos, que junto a Izquierda Unida ha reabierto el debate sobre la República, y la presión ejercida por los nacionalistas, especialmente en Cataluña, con el consiguiente riesgo para la unidad del Estado, han generado incertidumbres sobre un sistema que se creía consolidado tras casi cuatro décadas de democracia.

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