El Gobierno regulará el aforamiento de don Juan Carlos después de que se haga efectiva su renuncia al trono mediante una ley orgánica que deberán aprobar las Cortes y para la que no ha fijado aún un plazo concreto de presentación. Mientras, IU y el Grupo Mixto han obligado a que los diputados proclamen en voz alta el sentido de su voto durante el Pleno del Congreso del próximo miércoles, en el que se prevé la aprobación por una aplastante mayoría de la ley de abdicación del Monarca tras 39 años de reinado.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó que también una ley orgánica será el instrumento al que recurrirá el Gobierno para regular la situación de don Juan Carlos ante la justicia una vez que pierda la inviolabilidad de que goza como monarca. Se descarta así que se pueda recurrir a otros medios parlamentarios, como la presentación de una proposición por alguno de los grupos de la Cámara.
Lo que no se ha aclarado es si esa ley orgánica será distinta del anteproyecto de reforma de la ley del Poder Judicial que el Gobierno anunció en abril y en el que se abordaba el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias. La Vicepresidenta aseguró que el Gobierno tiene "perfectamente elaborado lo importante" sobre este asunto y añadió que, en su momento, informará del contenido y la forma en que se desarrollará la regulación del régimen jurídico para blindar a don Juan Carlos.
Fuentes del Gobierno informaron a la agencia "Efe" que se está trabajando en esta cuestión desde abril. Sáenz de Santamaría afirmó que la futura aplicación del régimen de aforamiento a don Juan Carlos nada tiene que ver con la inviolabilidad de que ha gozado como monarca.
Inviolabilidad
"Uno deja de ser inviolable a futuro, pero eso no implica recuperar la responsabilidad para las actuaciones anteriores", explicó, para reafirmar que el Rey "tiene inviolabilidad, no responsabilidad por los hechos cometidos en el ejercicio de su cargo".
También señaló que la "reflexión" sobre lo que ha considerado un "vacío legal" en la condición jurídica de algunos miembros de la Familia Real ya la hizo el Gobierno al proponer en abril la reforma legal del Poder Judicial. De igual forma, consideró "llamativo" que nunca se hubiera aforado a ninguno de ellos (lo que implicaría que solo podrían ser juzgados por el Supremo), ni siquiera el Príncipe. La "número dos" del Gobierno hizo hincapié en que es la primera vez que abdica un rey en democracia y que la decisión fue muy meditada por don Juan Carlos.
Ayer se supo que la votación que tendrá lugar en el Pleno del Congreso del próximo miércoles para aprobar la ley orgánica que regula la abdicación del Rey se realizará por llamamiento público individual de cada diputado, por lo que tendrán que expresar su voto de viva voz.
La fórmula ha sido impuesta a petición de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, que buscan que los diputados se "retraten" y a la vez provocar que en el PSOE aumenten quienes decidan romper la disciplina de voto entre los partidarios de la república. Además, se ha confirmado que el Senado tramitará esa ley en un Pleno monográfico el 17, dos días antes de la solemne proclamación de Felipe VI.
Ante la posibilidad de que a ese acto no acuda el presidente Artur Mas (la Generalitat ha dicho que mantiene un viaje a EE UU por esas fechas) y el anuncio de CiU de que se abstendrá en la votación de la ley de la abdicación, la Vicepresidenta hizo una llamada a la "reflexión" a esta formación, para "no mezclar debates" en un momento importante para España. Sobre la acusación del portavoz Josep Antoni Durán i Lleida de que la abstención de CiU es la reacción al trato injusto que recibe Cataluña, Sáenz de Santamaría señaló que en cada Consejo de Ministros hay decisiones que lo desmienten.
