El juez decide a partir de final de mes si mantiene imputada a la hija del Rey

La Audiencia de Palma se encargará del juicio y su sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo

13.04.2014 | 01:25

La sentencia del caso Nóos, cuando el juez José Castro concluya la instrucción, la emitirá la Audiencia de Palma de Mallorca. Entre los imputados figura el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín,

Ante el cierre de la instrucción que se espera para después de Semana Santa hay que destacar los pasos del proceso. En primer lugar, el juez Castro debe dictar ese auto final de la instrucción (pase a procedimiento abreviado) donde fijará quiénes de los 43 imputados siguen encausados y quiénes quedan exculpados.

Dicho auto será apelado ante la Audiencia de Palama por la defensa, las acusaciones públicas o populares personadas. Será a partir de entonces, cuando ese tribunal confirmará quiénes siguen imputados o no, entre ellos probablemente la infanta Cristina.

Entonces será el momento en el que las acusaciones y las defensas redacten sus escritos de calificación provisional. En el siguiente paso, el juez Castro deberá dictar auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible. y a continuación la causa se remite a la Audiencia de Palma.

Ese será el tribunal encargado de celebrar el juicio oral y dicatar sentencia sobre el caso Noos. Como último paso, cabe señalar que dicha sentencia se podrá recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, encargado de emitir el fallo defintivo.

Castro pondrá fin a la instrucción del caso Nóos previsiblemente a partir de finales de mes, y lo hará a través de una resolución -conocida como auto de pase a procedimiento abreviado- en la que decidirá si mantiene la imputación de la Infanta.

El magistrado encara la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de las Administraciones públicas.

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