El juez del caso Nóos, José Castro, ha negado que su instrucción esté causando "quebranto al derecho de defensa" de Iñaki Urdangarín, como había planteado el abogado del duque en su recurso contra la fianza, que ayer rechazó el instructor.
El magistrado desestimó los recursos de reforma de Urdangarín y su exsocio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, contra la fianza por responsabilidad civil de casi 8,2 millones impuesta a ambos. Castro replica al defensor del duque, Mario Pascual, que "no ha anticipado ninguna base fáctica para resoluciones futuras" y defiende la correcta argumentación de la fianza.
La defensa del yerno del Rey había reprochado al juez la "inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo del contenido de determinados documentos" y declaraciones de testigos, a lo que Castro replica que seleccionó "aquellos datos que estimó indiciarios de criminalidad".
Castro, quien apunta que no es preciso "trasladar a la resolución impugnada los más de 41.000 folios" que componen el sumario de esta pieza separada 25 del caso Palma Arena, subraya que su selección "inevitablemente habría de ser parcial, pero no sesgada".
Da la razón al recurrente en cuanto a la prolijidad de los argumentos del auto en que dictó la fianza, pero indica que "la extensión que haya de dar a la fundamentación fáctica y jurídica de una resolución la marca el criterio de su autor". "Es muy posible que si se hubieran escatimado antecedentes de hecho la censura vendría por su escasez, no adivinándose la indefensión cuando no se hace uso absolutamente de nada que no esté incorporado a la causa", agrega.
El instructor recuerda que contra la desestimación de las alegaciones de los letrados defensores de Urdangarín y de Torres respecto de la fianza cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma en un plazo de 5 días.
Además, Castro ordena aplazar las declaraciones de Robert Cockx, el belga señalado por los investigadores como presunto testaferro, y Mario Sorribas, exsecretario de Nóos, previstas para el 19 en Madrid y el 21 en Barcelona, a petición de sus abogados.
