El presidente Mariano Rajoy eludió responder sobre si se siente responsable de posibles irregularidades que se hayan podido cometer en su partido y se remitió a la investigación interna que se ha abierto en el PP a raíz de las informaciones que apuntan a que el ex tesorero Luis Bárcenas -al que se le ha descubierto que tenía 22 millones en Suiza- pagó sobresueldos a varios cargos del PP.
En sus encuentros con los informadores, Rajoy evitó en todo momento valorar la existencia de esa cuenta multimillonaria y los pagos en dinero negro a dirigentes del PP. "Estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto porque queremos ser transparentes y que no se generen ningunas dudas sobre la actividad del partido", dijo en referencia a la investigación de las cuentas del PP, durante una comparecencia en el Palacio de la Moneda con el presidente chileno, Sebastián Piñera, a quien dijo que "hay que tener sentido del humor para mantenerse en este negocio".
Rajoy aseguró que ha dado "carta blanca" a la tesorera Carmen Navarro para que "cuente lo que hay e investigue lo que quiera; estaré a lo que diga la comisión interna". Añadió que "nunca" va a aceptar que al hablar de corrupción se extiendan esas conductas a todos, ya que la "inmensa mayoría" de los políticos es "gente estupenda, trabajadora, seria, sensata y honrada". A su entender, "generalizar conductas" es muy negativo y "la mayor de las injusticias que se puede cometer".
Contundencia
El presidente defendió ser "muy contundente" contra la corrupción y se mostró dispuesto a "mejorar si cabe aún más la legislación" porque los políticos deben ser "ejemplares", aunque ha advertido de que las generalizaciones son "injustas". Preguntado si ve a Bárcenas en prisión, dadas las acusaciones que pesan sobre él, Rajoy titubeó: "Oiga, ehhhhhh, yo no puedo responder a eso. Lo tendrán que decidir los tribunales y los demás tenemos que respetar, nos gusten o no, sus decisiones".
"El señor Bárcenas tiene unas acusaciones" y sus abogados "ejercerán su defensa de la manera mejor", añadió. Preguntado sobre cuándo fue la última vez que habló con el extesorero del PP, Rajoy respondió: "No me acuerdo". Sobre si se fía de que los jueces puedan condenar a Bárcenas, declaró: "Me fío de lo que hagan y digan los tribunales, poco más puedo decir".
Tras mantener contactos con todos los grupos sobre un pacto contra la corrupción, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que existe voluntad de acuerdo y defendió que "aquí no pueden pagar justos por pecadores".
Sobre la posibilidad de que se endurezcan las penas de cárcel para condenados por corrupción, la vicepresidente desveló que el Gobierno trabaja en posibles reformas legales para fortalecer las instituciones. En cuanto al "caso Bárcenas", abogó por depurar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias y aplicar de forma rigurosa la normativa: "si hay que fortalecer la ley" para ser más "ágiles, rigurosos y efectivos, el Gobierno lo va a impulsar". Sáenz de Santamaría subrayó que si necesitan más medios se les facilitarán. Para esas reformas pidió que los partidos vayan de la mano con el Ejecutivo. Acto seguido ofreció consenso.
Por su parte, el ex tesorero de Alianza Popular y del Partido Popular y propietario de empresa agrícola argentina La Moraleja, Ángel Sanchís, reafirmó ayer que Bárcenas le pidió que viera su cuenta en Suiza para hacerle un préstamo a una empresa de Uruguay. Añadió que no cree que esté amenazando al PP, porque es "un tío muy inteligente y sabe que eso no iría a ningún sitio" .
Por último, el consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, anunció acciones legales para defender su honor por las informaciones que le vinculan con el "caso Gürtel". Según lo publicado, habría actuado de "mediador" al realizar gestiones para que el Gobierno autonómico pagara a la trama por actos realizados para el PP de Madrid .
La información sobre el número dos del presidente Ignacio González se basa en grabaciones de la "trama Gürtel" relativa a los pagos a Francisco Correa y a Pablo Crespo -imputados en el caso- de 58.000 euros por actos electorales del PP.
