El Consejo General de la Abogacía Española recurrirá la orden del Ministerio de Hacienda por la que se hizo efectivo el pago de las polémicas tasas judiciales al detectar una serie de defectos, como es la falta de previsión del fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado. Carnicer califica de "absolutamente errónea" la medida.