El Gobierno madrileño ha aprobado hoy un ajuste presupuestario de 1.045 millones de euros a través de una bajada salarial del 3,3 por ciento a los empleados públicos, una aminoración de ayudas y subvenciones y la creación o subida de 74 tasas para sufragar servicios.
El objetivo fijado por el Gobierno central de que las comunidades no superen este año el 1,5 por ciento de déficit público justifica esas medidas en la autonomía madrileña, cuyo presupuesto inicial para 2012 superaba los 17.000 millones de euros.
El Consejo de Gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha aprobado un proyecto de ley que reforma esos presupuestos y que incluye medidas como la rebaja salarial del 3,3 por ciento para los 180.000 funcionarios y personal laboral al servicio de la Comunidad.
Todo ello para no extinguir el contrato de los 40.000 interinos, en palabras de Aguirre, quien ha subrayado que los altos cargos regionales, desde ella misma a los directores generales, verán rebajado su salario un diez por ciento, incluido los cargos de confianza y responsables de empresas públicas.
Del ajuste total, 650 millones proceden del ahorro previsto en el Plan Económico y Financiero de la región aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero de mayo pasado.
Algo más de 300 millones proceden de partidas como el ahorro en retribuciones de personal y reducción de subvenciones y el resto del ajuste procede del aumento de ingresos procedentes del Canal de Isabel II, consorcios y tasas.
Entre las medidas concretas, Madrid retirará este año las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y empresarios, que suponen 3,9 millones de euros y equiparará su cartera de servicios sanitarios a la estatal.
Eso supondrá que los madrileños tendrán que pagar si, por ejemplo, quieren ponerse la vacuna del neumococo u operarse para un cambio de sexo, aunque este caso será sufragado si el paciente reside en la región desde hace dos años al menos y cuenta con un diagnóstico de trastorno de identidad emitido por un facultativo.
En el capítulo de ingresos, la Comunidad sacará a concurso público la instalación de peajes en la carretera M-45 y se plantea hacerlo en otras rutas que cuenten con una carretera alternativa.
Se crean o modifican al alza 74 tasas, que generarán a las arcas autonómicas unos quince millones de euros.
Entre ellas, diez euros por emisión de la Tarjeta Sanitaria individual en caso de rotura o extravío, mientras que los ancianos que asistan a centros de día deberán aportar alrededor del 30 % de su renta media per cápita.
Aumentarán el precios en educación pública infantil de 0 a 3 años y los concesionarios de las ITV deberán abonar un euro adicional a la Comunidad.
Madrid reducirá también la subvención para becas de comedor y ayuda para libros, así como la aportación al turno de oficio en la asistencia jurídica y reorganizará algunos centros sanitarios.
Otra de las patas de la reforma es que Madrid podrá declarar de ejecución inmediata los proyectos urbanísticos que supongan creación de empleo y riqueza y cuya realización se ve dilatada ahora en el tiempo por factores que "disuaden a los inversores", según Aguirre, quien ha separado este punto del interés por acoger el complejo de ocio Eurovegas.
Fuera de este proyecto de ley de ajuste presupuestario, pero también en la línea de ahorro, Aguirre ha anunciado su intención de que los diputados de la Asamblea pasen de los 129 actuales a 65, aunque requerirá la ayuda de la oposición para aprobar esa idea, que no entraría en vigor hasta las elecciones de 2015.
Antes, en la primera quincena de julio, el Gobierno autonómico quiere ver aprobado este ajuste en la Cámara regional.
