Después de que la Audiencia Provincial hiciera pública la sentencia del llamado caso Rabasco, sobre las contrataciones irregulares para festejos por parte del consistorio de Llucmajor a cuatro empresas de las que era apoderado legal el entonces concejal Joaquín Rabasco y era propietaria su compañera sentimental, María del Amor Aldao, el PP ha pedido 48 horas para pronunciarse.
La portavoz del PP balear, Catalina Soler, ha asegurado en una rueda de prensa que el partido acatará la sentencia, que será recurrida de casación ante el Tribunal Supremo por Tomàs, y ha añadido que "no duda de la honorabilidad" del alcalde.
Según Soler, el PP balear adoptará una decisión política una vez se haya reunido y se haya pronunciado la junta local de Llucmajor, en unas 48 horas de plazo.
El partido aceptará "al cien por cien" la decisión de la junta local porque, según Soler, "hará lo más coherente"; y para decidir acerca de la suspensión o no de militancia del alcalde, el PP esperará "a que la sentencia sea firme".
Soler ha explicado que el criterio de PP en relación a los casos de corrupción es que, cuando hay "indicios claros de criminalidad" o si se han pedido "medidas cautelares" hacia algún militante, el partido ejecuta la suspensión de militancia y se persona como acusación particular.
"En el caso del señor Tomàs no nos hemos presentado como acusación particular y en estos momentos, a pesar de todo, confiamos en su honorabilidad", ha insistido.
Soler ha puntualizado: "En el caso del señor Lluc Tomàs, desde el primer momento hemos estado informados, conocíamos las denuncias, que se iba a celebrar el juicio y son situaciones que, tal vez, nosotros, como partido político, las vivimos de forma diferente".
El presidente del Govern, Francesc Antich, ha tildado de "grave" la sentencia y ha considerado que ahora "se deberán tomar las determinaciones que se deban tomar a nivel político".
El presidente también ha explicado que "la ciudadanía también valora que, si realmente se dan situaciones que no se adecúan a la legalidad, haya actuaciones por parte del que tenga la responsabilidad de actuar".
La vicesecretaria general del PSM-EN y regidora en el Ayuntamiento de Llucmajor, Joana Lluïsa Mascaró; el portavoz adjunto del PSIB en el Consell de Mallorca, Pablo Martín; y el coordinador de Esquerra Unida (EU) de Mallorca, David Abril, han coincidido en reclamar la renuncia de Tomàs a la alcaldía.
Mascaró ha exigido la "dimisión inmediata" del alcalde, decisión de la que ha dicho que sería buena "para la regeneración política del municipio".
La regidora de Llucmajor ha dicho que la sentencia es "muy dura pero justa: tres años de prisión significa ir a la cárcel".
La portavoz de Unió Mallorquina (UM), Catalina Julve, ha "animado" también al PP a afrontar una reestructuración en la junta local de Llucmajor.
La sentencia condena también a Rabasco, por dos delitos, a cuatro y seis años de prisión y a ocho de inhabilitación, y a su compañera María del Amor, a dos años de prisión y seis de inhabilitación.
El caso Rabasco comenzó en octubre de 2001, a raíz de la denuncia por parte de un concejal socialista sobre supuestas irregularidades en la concesión de las fiestas municipales que podrían suponer un delito de negociaciones prohibidas.
