Tras las declaraciones del alcalde del municipio gaditano de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), en las que acusaba al Rey de "corrupto", la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz abrió una investigación para determinar si las declaraciones son constitutivas de un delito de injurias a la Corona tipificado en el Código Penal. No obstante, sin siquiera esperar a ver si las declaraciones constituyen injurias al Rey, el PP de Puerto Real exigió al alcalde una rectificación de lo que consideran "graves insultos" al monarca aunque sin éxito, pues lejos de rectificar, el alcalde no se retracta y espera que esta polémica sea "la primera piedra del advenimiento de la III República".

Las declaraciones de Barroso tuvieron lugar el pasado 16 de abril durante un acto organizado por el Ateneo Republicano y en las que espetó que "el Borbón es hijo de un crápula. El Borbón de condición deleznable, el presente, no es menos deleznable de lo que su padre fue. Afectó al golpe de estado, despreciado por el tirano, al que reiteradamente le solicitó su incorporación al ejército faccioso. El Borbón es hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa. El Rey señores, porque su procedencia lo es, es corrupto".

Por todo ello, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si estas afirmaciones conllevan indicios de delito de injurias contra el Rey, algo para lo que tiene seis meses, tras lo que en caso de constituir un delito, traspasaría el caso a la Audiencia Nacional, pues podría suponer pena de cárcel.

Sin embargo, esta posibilidad no asusta al alcalde, que lejos de ofrecer la rectificación que le exigían los populares al considerar que insultó gravemente al monarca, aseguró que "si Franco no me puso el bozal, no me lo va a poner el PP" y manifestó su esperanza de que este proceso sea "la primera piedra del advenimiento de la III República". En este sentido, se mostró despreocupado por lo que le pueda ocurrir tras estas diligencias y se escudó en que lo que opinó "lo dicen todos los historiadores", tras lo que ironizó sobre "si también van a meter en la cárcel a todos los historiadores".

Despenalización de las injurias

En este sentido, Barroso recibió el apoyo del grupo parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, cuyo portavoz, Joan Ridao, y el diputado Joan Herrera registraron en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para que el Código Penal deje de penalizar las injurias contra el Rey y otras personas vinculadas a la Corona.

En su proposición, aseguraron que esta penalización es "desproporcionada, innecesaria e inadecuada" y que afecta claramente a "los principios fundamentales del sistema democrático" como es la libertad de expresión. Por ello, apuntaron que estas penas que pretenden "proteger el prestigio o el reconocimiento social de la institución" sirven para incriminar a manifestaciones que la pongan en duda.

En la misma línea, el coordinador de la red de municipios y cargos públicos por la Tercera República, Antonio Romero, exigió hoy al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Angeles Ayuso, que archive la diligencia de la investigación y mostró su "solidaridad" a Barroso puesto que "el Rey debe ser objeto de crítica" al ser la Casa Real española la más "opaca" de todas las que existen porque "no fiscaliza el dinero público que recibe".