El fiscal pide reabrir el caso de las identificaciones de víctimas del Yak-42

 

Las familias denuncian la "finalidad espuria" del proceso para reconocer a los fallecidos, mientras los militares afirman que los certificados "decían la verdad"

EUROPA PRESS / MADRID El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pidió ayer la reapertura del caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del avión Yakovlev-42 porque, según argumentó, los mandos militares las realizaron de forma "arbitraria" a sabiendas de que era incorrecta. "Hay dolo falsario, lo saben y lo hacen", afirmó.
En la vista de apelación al auto de archivo dictado en noviembre pasado por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se celebró ayer ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Burgos reclamó la reapertura de la investigación al considerar que en el proceso de identificación de los cuerpos hubo "una mutación de la verdad" en unos documentos "con trascendencia jurídico-pública y jurídico-privada", lo que demuestra, a su entender, "dolo falsario" por parte de sus autores.
La Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusan al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión responsable de la repatriación de los cuerpos.
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares que regresaban de Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Según el relato de hechos realizado por el representante del Ministerio Público, cuando los cuerpos llegaron a la base de Torrejón de Ardoz, en la madrugada del 28 de agosto de 2003, el general Navarro "rellenó los espacios que se encontraban en blanco" en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas tras la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los certificados de defunción.
El abogado de las familias de las víctimas, Leopoldo Torres, abribuyó "una finalidad espuria" al proceso de identificación , al subrayar que se hizo con el objetivo de acelerar "la celebración solemne del funeral de Estado" y llevar a cabo "los enterramientos inmediatos a toda costa".

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