En la nueva hornada de parques eólicos que despertarán al sector en Galicia del profundo letargo en el que está sumido desde el fallido concurso de 2.300 megavatios (MW) de 2010 y la reforma energética que poco después fulminó las primas a las renovables hay, al menos, una instalación participada por un concello. Después de doce años sin nuevos proyectos, Endesa está a punto de iniciar los trabajos para poner en pie en la comunidad parte de la potencia conseguida (540 MW) en las subastas del Ministerio de Energía para tecnologías verdes. Entre ellos está el complejo de molinos Paradela, de 12 MW, impulsado a través de la sociedad Paravento, controlada al 90% por la multinacional y con un 10% en manos del concello lugués que da nombre al parque y, por tanto, como accionista que es, recibirá parte del beneficio. Podría no ser un caso excepcional en el renacer del negocio del viento en la región. Hay más de medio centenar de MW en parques promovidos directamente por municipios autorizados o en tramitación, pendientes desde hace década y media de los planes que la Xunta de Manuel Fraga sacó para convertir a las entidades locales en promotores y alimentar su recaudación.
El 62% de los concellos, 182, llegaron a solicitar la construcción de un parque, pero únicamente fueron adelante y funcionan en este momento 13, como recoge el análisis sobre energía eólica y desarrollo local en Galicia elaborado por Damián Copena y Xavier Simón, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidade de Vigo.
Galicia fue pionera en España en el impulso del aprovechamiento del viento como fuente de energía limpia y en hacer de él un sector que llegó a rozar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) con el apoyo de los fabricantes de componentes y el resto de empresas auxiliares que acompañaron su consolidación. El primer decreto firmado por el Gobierno autonómico para regular la autorización de los parques se remonta a 1995. Tanto esa norma como la actualización de 2001 se centraron en la implantación de molinos por parte de grandes grupos energéticos al amparo de los viejos Planes Eólicos Empresariales o Estratégicos.
"Los impactos económicos locales quedaron por tanto vinculados a la participación de empresas locales en alguna de las fases de ejecución de los parques, a la contratación de trabajadores locales para las tareas de desarrollo y ejecución de los parques y a la participación que los propietarios de los terrenos tenían en el negocio eólico, bien mediante una renta anual o bien mediante un pago único por la compra o expropiación de los terrenos", señalan los investigadores en el trabajo publicado en el último número de la Revista Galega de Economía.
A los concellos se les abrió una pequeña puerta a participar en el negocio con la creación de la figura de los Parques Eólicos Singulares a partir de 2001 bajo cuatro condiciones: "principalmente" para el autoconsumo eléctrico en sus territorios, una productividad "mínima" de 2.400 horas en funcionamiento al año, generar "impactos económicos positivos" en los concellos a través de procesos industriales e "impactos económicos positivos" también para las arcas locales. A diferencia del resto de instalaciones eólicas, los parques singulares no estaban sujetos a las zonas delimitadas para la actividad en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, "lo que aparece como un elemento favorable para su expansión".
El interés fue enorme. Un "rotundo éxito", destaca el estudio, ante la "buena oportunidad para generar rentas locales" y, a la vez, contribuir a la lucha contra el cambio climático gracias al mayor consumo de electricidad de origen renovable. Pero hubo demasiadas limitaciones.
La primera, que los parques singulares no podían superar los 3 MW de potencia, frente a los entre 30 y 50 en los que se movía el resto. Y, segundo, la cuota tan raquítica que se ofreció en las convocatorias de la Xunta.
En el estreno de los repartos, en el otoño de 2002, salieron 25 MW, con la opción de que también empresas pudieran optar a colocar parques singulares. La cuota se elevó después a 50. Participaron 70 ayuntamientos que sumaban 204,25 MW. La administración gallega admitió 16 (40,2 MW) a trámite. La historia se repitió exactamente igual en la siguiente convocatoria, con 106 solicitudes y el beneplácito a 21 (46,65 MW). Hubo una tercera, en 2004. En la antesala de las reñidas elecciones que finalmente ganó el bipartito la Xunta decidió cambiar de estrategia, "en un afán de contentar a muchos concellos", apuntan Copena y Simón, y la potencia adjudicada se disparó a 271,75 MW con 114 ayuntamientos beneficiados.
Y llegó la limitación más "insalvable: "la inseguridad jurídica que provocaron aquellas prisas de última hora de un gobierno que tenía miedo a perder las elecciones" y "un nuevo gobierno que hizo de la energía eólica una de sus banderas". PSdeG y BNG anularon el concurso de 2004, aunque una sentencia de 2009 tumbó la decisión.
"Como consecuencia de estos factores, los parques eólicos singulares en Galicia no alcanzaron una dimensión global de importancia pese a las expectativas que se generaron a partir del interés experimentado por las entidades municipales", señalan los autores del estudio.
Los 13 parques eólicos singulares que consiguieron salir adelante y todavía hoy mueven las aspas alcanzan una potencia total de 34,8 MW. Están en Padrón, Vimianzo, Ponteceso, As Somozas, Arbo, Lalín, Ortigueira, As Neves, Arteixo, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Cerceda y Nogueira de Ramuín. En algunos casos superan las 3.000 horas de funcionamiento por ejercicio. A partir de los datos de operación y los precios de mercado de la electricidad, las estimaciones de facturación son igualmente "relativamente" elevadas y "rondaron algunos años, a pesar de las potencias tan reducidas por parque, el millón de euros". El récord, según el informe, se registró en 2013, con más de 7,6 millones entre todos los parques municipales. La cifra conjunta desde 2005 a 2015 es de más de 45 millones.
No todo este dinero va directo a la caja de los concellos. Entre las fórmulas permitidas para poner en marcha las instalaciones, la mayoría optó por una concesión administrativa con una empresa externa. La duración de los contratos va de los 20 a los 50 años y recoge el pago de un canon fijo y otro variable en función de la producción y la facturación. Los ingresos totales reales para los concellos oscilan entre los 19.135 euros y cerca de los 46.000 por cada megavatio al año. "Estas cantidades son pequeñas si las comparamos con ejemplos de otros lugares del mundo y con los ingresos de la imposición municipal", explican los investigadores, pero aún así son "relevantes localmente en algunos de los concellos rurales que cuentan con dificultades para generar ingresos propios".
