El antiguo sistema de arrendamiento fiscal ( tax lease) utilizado por los astilleros españoles para la contratación de barcos hasta 2011 era legal porque las medidas que le daban contenido no eran selectivas y, por tanto, no alteraban la libre competencia. Así se pronunció el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2015 después de que la industria y el Gobierno central hubiesen llevado a Bruselas a los tribunales por una decisión que dejó a buena parte de los astilleros en el dique seco y los privó de contratos por 2.500 millones de euros. Entonces (2013), y con el excomisario Joaquín Almunia a la cabeza, Bruselas dio por buenos los argumentos de la patronal holandesa. Pese a haber perdido judicialmente frente a España la Comisión Europea no reculó y este jueves volverán a verse las caras en la misma sala de justicia. Mañana se celebra la vista oral del recurso de casación planteado por Bruselas, que insiste en el que el viejo tax lease era irregular. Según el recurso planteado, al que ha tenido acceso FARO, la UE pretende juzgar de nuevo todo el sistema de arrendamiento fiscal y condenar en costas a los demandantes (Reino de España, Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, Pymar).
Aunque el tribunal atienda de nuevo a los argumentos de la industria y el Gobierno españoles, fuentes jurídicas descartan que se pueda decretar algún tipo de compensación para paliar los perjuicios que sufrió el naval como consecuencia de la investigación sobre el tax lease, primero, y de su anulación, después. "No hay ningún mecanismo de resarcimiento, existe el deber de soportar los errores de la Comisión", explica el abogado vigués Antón Beiras, experto en este sistema fiscal y uno de los ponentes que participará mañana en la vista oral. Para Pymar el recurso planteado por la Comisión Europea es "inadmisible o, con carácter subsidiario, infundado", y solicita la condena en costas para el Ejecutivo comunitario, al igual que el abogado del Estado Miguel Sampol. "Somos bastante optimistas", añade Beiras, aunque la juez ponente es la misma (holandesa) que la que echó abajo el fondo de comercio financiero, en otro caso contra España.
Argumento
En el recurso remitido al TJUE la Comisión, representada por el letrado Vittorio Di Bucci, incide en que el viejo tax lease a otorga una "ventaja selectiva" a los miembros de las agrupaciones de interés económico (AIE), aunque el fallo negaba la mayor: "cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones". Para Bruselas, por contra, las ventajas "se otorgaban exclusivamente a empresas muy específicas cuya actividad económica se ceñía a un sector muy específico en un procedimiento administrativo discrecional".
La formación para emplearse en astilleros, en plazo hasta abril
- Los cursos de formación habilitados por la Xunta a empresas para cubrir la demanda de mano de obra en el naval expiran el 2 y 5 de abril para contar con trabajadores ya ocupados y desempleados, respectivamente. El director general de Orientación y Promoción Laboral, Alfonso Marnotes, se reunió ayer en Vigo con representantes del Clúster do Naval Galego (Aclunaga) para solventar el déficit de personal que, según la patronal Asime, asciende a 1.200 personas solo para este año. En su conjunto, las unidades formativas para trabajadores ocupados conllevan un desembolso de 4,5 millones para mejorar la empleabilidad y capacidades en la industria 4.0, de los que un millón de euros se destinarán a la formación de 800 empleados del naval en el área de Vigo. Para los desocupados la financiación disponible asciende a 1,85 millones, con el compromiso por parte de las empresas de contratar al menos al 40% de los alumnos.
