Doce años pasaron desde que Afinsa fuese intervenida judicialmente por su agujero patrimonial hasta que su cúpula ha sido condenada. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el ingreso inmediato en prisión de los máximos responsables de la empresa filatélica por haber cometido los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de cuentas a través de la estafa piramidal que idearon y que dejó atrapados a unos 10.000 ahorradores gallegos que todavía no han recuperado su inversión.

"Hasta ahora han recuperado un ridículo 10%", denuncia la secretaria general de Adicae Galicia, Ana Folgar. Los afectados en Galicia habrían recibido de vuelta solo una décima parte de los 133 millones de euros que llegaron a perder mediante este fraude piramidal. Pese a que la sentencia establece que los 11 condenados deberán abonar 2.574 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los cerca de 190.000 afectados de toda España, su efecto prácticamente no se hará notar sobre sus bolsillos. "Ni las cantidades intervenidas en el procedimiento judicial ni las propiedades de los condenados permitirán el resarcimiento" de los afectados, destacan en Adicae, en donde cifran en 50 euros la cantidad que percibirá, de media, cada afectado. Una cifra insignificante sobre una inversión que ronda, de media, los 18.000 euros. La única posibilidad de recuperar la inversión pasa porque sea la propia administración la que realice esta compensación. "La única opción es que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado", recalca Antonio Heredero, abogado de la asociación Adebita.

Los 18.000 euros que depositaba cada ahorrador eran canalizados por Afinsa a través de cuatro tipos de contratos, que no eran supervisados ni por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que atraían a los pequeños ahorradores bajo el señuelo de unas rentabilidades que triplicaban a las de un depósito. Todo ello sin que aparentemente se asumiese ningún tipo de riesgo. Pero ni la compraventa de sellos era un negocio tan rentable como prometían ni las ganancias estaban aseguradas. De hecho, con la venta de todos los sellos tras su intervención solo se ha podido devolver una décima parte de lo invertido a los ahorradores.

El esquema piramidal garantizaba un compromiso de recompra a un determinado precio de los lotes de sellos que compraban los ahorradores, asegurando la devolución del capital invertido y unos jugosos intereses que no se justificaban por la insuficiente revalorización de los sellos. Para sostener estas rentabilidades, controlaba los catálogos filatélicos que sirven de referencia para calcular el precio de un sello. La sentencia recoge que, a través de ellos, "apreciaba los bienes con que traficaba" de manera artificial para aparentar una mayor revalorización.

Por otro lado, echaba mano de los recursos de los ahorradores para pagar lo prometido. Afinsa necesitaba nutrirse constantemente de nuevas aportaciones, que luego utilizaba para abonar los intereses prometidos al resto de ahorradores. Este fraude se sostuvo durante casi una década, pero en el momento en que los compromisos de pago superaban a las entradas de dinero fresco, la pirámide de sellos se desmoronaba.

Para movilizar los recursos de los ahorradores hacia la empresa filatélica, Afinsa, ejercía, además, un férreo control sobre su red de comerciales. Según la sentencia, los agentes comerciales "debían acreditar una producción mínima" porque "el incumplimiento de los objetivos conllevaba la adscripción a un nivel inferior y podía considerarse causa de extinción del contrato".