Celia Villalobos está "divina de la muerte". A sus 68 años, casi tres décadas en cargos públicos desde que en 1989 entró en el Congreso, presumía el martes en Los desayunos de TVE. La diputada popular, tan dada a los charcos dialécticos, respondía así a la enésima reapertura del debate sobre el futuro de las pensiones, esta vez por la propuesta en la que trabaja el Pacto de Toledo para el cómputo, de momento voluntario, de toda la vida laboral en la cuantía de la jubilación. La reforma del sistema de 2011 fija un incremento gradual de los años a tener en cuenta, actualmente los últimos 21. De ir adelante el cambio, los trabajadores podrían descartar los periodos de peor cotización en el cálculo. Es el reconocimiento claro del precipicio al que se asoman miles de ciudadanos, embestidos por el paro en los años de la crisis y frustrados por las cotizaciones paupérrimas de su última etapa como activos. Pero Villalobos, presidenta de la comisión encargada de velar por el sistema público de pensiones, enfocó su discurso en la necesidad de alargar la vida laboral. Y se metió en otro charco. "Hay un número importante de personas que están más años cobrando la pensión que trabajando", soltó. Sin datos.

Mi padre guarda, la verdad, pocas semejanzas con la diputada. Es algo más joven, cobra muchísimo menos y no está tan "divino". Hace un par de años nos metimos un peregrinaje de médicos privados -el dolor no era compatible con la lista de espera interminable en la sanidad pública-, hasta que un neurocirujano, amigo de una amiga, coló, literalmente, a mi padre en su consulta de un hospital del Servicio Galego de Saúde y dio con el problema. Mi padre padece una estenosis en la espalda. Su canal lumbar se estrecha, oprime el nervio y bloquea su movilidad. Edad y factura laboral. En ese momento nos planteamos su jubilación.

El coeficiente reductor por retirarse antes de la edad legal, sin embargo, obligó a mi padre a aguantar. O eso, o quedarse una pensión que ni llega a 1.000 euros después de una vida entera trabajando y apenas medio año en el paro durante la crisis por la quiebra de la constructora en la que estaba empleado. Quiebra irregular, por cierto, que acabó en los tribunales y con el Fogasa pagando, mucho tiempo después, los salarios adeudados a mi padre y a los pocos compañeros que evitaron el engaño de su jefe y no firmaron las nóminas y las vacaciones que no habían disfrutado.

"Mi padre, albañil, tiene 64 años. Lleva 47 cotizando. Con sus manos deformadas por el esfuerzo, el frío y el calor, no podría jugar al Candy Crush. No le queda otra que esperar a los 65 para evitar una pensión miserable. Lecciones, señora Celia Villalobos (6.000/mes), a otros", escribí en mi cuenta personal de Twitter después de escuchar las palabras de la diputada. Desde entonces, el martes por la mañana, más de 500.000 personas han visto el tuit, unas 10.000 lo han retuiteado y les gusta a 13.000. Algunos medios lo presentaron como "el gran zasca" a la política, pero lo más importante son las centenares de respuestas que demuestran la dimensión del problema.

"Mi padre, con 67, no puede jubilarse aún. 45 años de autónomo y le quedan 800 euros". "Mi padre cotizó 43, la empresa quebró, se fue al paro con 58 y se tuvo que jubilar forzoso con 60. Si no, no comíamos. Perdió el 40%". "Mi padre, exactamente igual. Se jubiló con 67 años y también era albañil. Tiene una pensión irrisoria".

El número de parados de larga duración con más de 55 años se disparó un 200% en Galicia desde 2007. Había 48.000 al cierre del pasado año. Las cifras oficiales también chocan con la sentencia de Villalobos. De media, los trabajadores gallegos llegan a los 65 años con 30 años cotizados. A esa edad, la esperanza de vida son 21 años más. Nueve menos, por tanto, que el periodo durante el que se contribuye a los ingresos de la Seguridad Social.

La caída de esos ingresos, de las cotizaciones, durante la crisis no acaba de recuperarse porque la contratación crece especialmente en puestos temporales y medidas jornadas. Menor sueldo y menor aportación a la caja única. Las cuentas condicionan la discusión sobre la viabilidad de un sistema que salvó a muchísimas familias durante la doble recesión -en Galicia, entre 2009 y 2013 los pensionistas tuvieron que elevar un 25% su gasto (2.500 millones) para compensar el desplome salarial- y que no puede estirar la vida laboral como un chicle para todos.