Extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral sería una medida positiva para parte de la población, pero no es lo que necesita el sistema público. Es la conclusión de los expertos consultados por FARO, que reivindican la necesidad de emprender una reforma en profundidad que ataje las consecuencias de la pérdida de población, el envejecimiento y el deterioro del mercado laboral. "Las medidas emprendidas por España en 2011 y 2013 fueron las más duras de la UE, y el déficit continúa creciendo", apunta Santiago Lago, catedrático de Economía en la UVigo y presidente del Foro Económico de Galicia. El profesor de Economía Pública y presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín, coincide con su colega. "La reforma hay que abordarla en su conjunto. Este tipo de anuncios no puede hacernos perder la perspectiva".

El hecho es que los ingresos por IRPF se han estancado pese a que España ha ganado más de un millón de cotizantes en los dos últimos años, y en Galicia, según los últimos datos anuales de la Agencia Tributaria (relativos a 2016), la recaudación cayó en un 0,1%. "Esta medida está muy verde, ahora no se pueden crear nuevos criterios que hagan que el gasto vaya a subir. Tiene pinta de globo sonda", expone el economista Vicente Martín Egaña. Según el último informe Ageing Report de la Comisión Europea, en 2013 la llamada tasa de reposición de los salarios en España estaba en el 82%. Esto es, un jubilado pasaba a cobrar una pensión del 80% de su última nómina al dejar la vida laboral. Pero la estimación es que en 2060 baje al 49,7%.

De aplicarse el cálculo de toda la vida laboral de manera obligatoria se aceleraría la reducción de esa tasa de reposición. "Habría que ver caso por caso, pero no es lo habitual que haya una pérdida de los ingresos con los años", añade Lago. "Lo normal es que nos perjudique". Para Vázquez Taín la propuesta popular "puede ser de justicia para alguna gente, porque paradójicamente" el impacto de los despidos o ERE ha hecho que los salarios de algunos de los más veteranos se haya resentido, y si se calcula la pensión en base a los últimos 21 años de cotización sí supone una penalización. "No me parece mal se hace dentro de un conjunto de medidas, pero esto no excluye la necesidad de una reformulación del sistema tanto a nivel de gastos como de ingresos". Para compensar el aumento del coste para la Seguridad Social de esta iniciativa, cree Martín Egaña, "es previsible que la pensión máxima, que ahora está en unos 2.200 euros netos, no suba durante unos años".