Hoy Galicia es protagonista en la comisión creada en el Congreso de los Diputados para investigar sobre la crisis financiera en España y el rescate al sector. Hablan los afectados de las preferentes y la deuda subordinada emitida por las entidades en la comunidad, un colectivo que marcó un antes y un después en las protestas sociales y que sirvió de ejemplo para los clientes atrapados en estos complejos productos del resto del país. "Faltó control democrático", criticó Xesús Domínguez, coordinador de las plataformas de afectados, durante su intervención en la Cámara Baja, en referencia a la comercialización de los híbridos de capital a los que se les aplicó fortísimas quitas para costear parte del coste de reflotar las entidades nacionalizadas.
Domínguez recordó ante los diputados algunos de los casos más duros de ahorradores gallegos que en su día vieron perder "los ahorros de toda una vida". Repartió culpas entre las propias entidades -las dos cajas gallegas, recordó, emitieron más de 1.300 millones de euros en este tipo de títulos desde finales de los años 90-, sus directivos, Gobierno, Xunta y los organismos supervisores. "La historia de las preferentes se convierte en una gran estafa porque Banco de España y CNMV permitieron y potenciaron la venta", arremetió el coordinador de las plataformas, que sostiene que "el responsable último" es el Gobierno por "no hacer cumplir las normas".
La Xunta, según Xesús Domínguez, era consciente de la situación. "Por eso dijeron que las cajas estaban trufadas de preferentes", rememoró. Y lanzó duros reproches contra el funcionamiento del sistema de arbitraje habilitado para dar una solución a los afectados. En primer lugar, por el conflicto de interés generado con la intervención de las propias entidades y la auditora de Caixa Galicia en la selección de los casos que tenían derecho a acudir al árbitro. "¿Cómo puede ser que la misma entidad que me engaña y el mismo directivo que avaló las emisiones -se preguntó- sean los que me dicen cuánto dinero tienen que devolverme?". Si el arbitraje funcionó, según Domínguez, fue por "la presión" de las plataformas y su movilización en las calles. De hecho, el coordinador aseguró que las primeras llamadas fueron "a los cabecillas" de las protestas y acusó al PPdeG de "utilizar el arbitraje con fines electoralistas para las elecciones de 2012".
Domínguez reveló que "el 99,7%" de las demandas tuvieron una resolución positiva para los afectados, aunque hay "unos 100 millones de euros" que no se devolvieron "porque los herederos de esos tenedores no se pusieron de acuerdo".
Instó al Gobierno a "defender los intereses de los consumidores y no solo de los bancos" y a "cambiar o derogar" la ley que permite todavía cargar en los preferentistas el coste de la recapitalización de entidades.
Estaba previsto que también compareciera esta mañana en la comisión de investigación del Congreso el responsable del sector financiero en el sindicato CIG, Clodomiro Montero, pero finalmente no pudo acudir por los problemas en el aeropuerto de Vigo con la niebla. La presidenta de la comisión, Ana Oramas, aseguró que intentarán colocar su intervención el día 6 de febrero, cuando está previsto citar a los que fueron máximos presidentes de las cajas gallegas, Julio Fernández Gayoso y Mauro Varela, y al ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, aunque estos dos últimos probablemente evitarán acudir amparándose en su estado de salud.
