La fusión de Caixanova y Caixa Galicia borró del mapa a José Luis Méndez López. Aunque en aquel momento su entorno vendió el paso atrás como un gesto de generosidad para desenredar las encarnizadas negociaciones forzadas por la Xunta, el hasta entonces omnipresente director general de la entidad coruñesa se apeó del proyecto porque no le quedó otro remedio. El Banco de España lo tenía muy claro. Como expresamente recogen las actas de inspección, la gestión a manos de Méndez fue "desafortunada", con una expansión "agresiva" y "sin controles internos". Era un grupo financiero zombi que solo podía aspirar a ser intervenido -una opción que el Gobierno y el regulador querían evitar a toda costa para no dar alas a las evidentes dudas sobre el sector bancario español- o a esconder sus vergüenzas bajo la falda de otra entidad. El FROB condicionaba su manguerazo de ayudas públicas -incluso, como fue este caso, para integraciones de entidades consideradas oficialmente viables-, a mejorar la gestión. Y Méndez sobraba. Ya en su comparecencia el 21 de junio de 2013 en la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego se le vio con pocas ganas de explicar lo ocurrido y ahora su estado de salud le sirve de justificación para seguir evitando las respuestas. También ante la Audiencia Nacional, que lo ha imputado junto a otros antiguos altos cargos de Caixa Galicia por un crédito inmobiliario.

Méndez parecía impune a las investigaciones de Anticorrupción sobre los exresponsables de las entidades nacionalizadas. Pese al enorme agujero que arrastraba Caixa Galicia y el grave problema que provocó en las cuentas de la fusión -era una de las principales advertencias de la polémica due diligence encargada por la Xunta para apurar la operación y que realmente se trataba, como desveló en exclusiva FARO, de un "diagnóstico acelerado"-, toda la atención judicial se centraba en los antiguos altos cargos de Caixanova, enfrentados en su día al Ejecutivo autonómico y el Banco de España por su negativa a la fusión ante las dudas de las cuentas de la caja coruñesa.

La jueza Carmen Lamela tiene abierta una investigación por la concesión en 2004 de 15 millones de euros a la constructora Cueva Mar, de Almería. Según confirman fuentes de la Audiencia Nacional, el proceso está abierto desde hace bastantes meses y las supuestas ilegalidades encajan como un guante con la descripción que el Tribunal Supremo y la propia Audiencia Nacional hicieron de la labor de Tasagalicia, la tasadora de Caixa Galicia, en sus condenas para confirmar las multas impuestas por el Ministerio de Hacienda en 2010 por las "sobrevaloraciones" a inmuebles y terrenos. En este caso, existen terrenos entregados como aval que no superan, a juicio de los peritos, un valor de pocos miles de euros o que, sencillamente, no eran urbanizables. El presunto perjuicio creado a la entidad supera los 20 millones de euros. No consta que, también en contraposición a lo sucedido con los directivos de Caixanova, se le haya fijado algún tipo de fianza.

En la Audiencia Nacional señalan además que todos los imputados, con Méndez a la cabeza, "ya declararon". Pero las mismas fuentes no pueden aclarar si, como pretendía el ex director general de Caixa Galicia, lo hizo por escrito y no personalmente amparándose en su estado de salud. Méndez, según otras fuentes consultadas por FARO, sufre una enfermedad que le impediría desarrollar una vida normal.

A esa razón es probable que vuelva a aferrarse José Luis Méndez cuando se le cite para comparecer en la comisión de investigación sobre el sector financiero abierta en el Congreso de los Diputados. En principio, estaba previsto que él, junto con los que fueron presidentes de las dos entidades de ahorro gallegas -Mauro Valera de Caixa Galicia y Julio Fernández Gayoso de Caixanova- acudieran a la Cámara Baja el próximo 6 de febrero. Todavía no están citados.