La Federación Empresarial de Transportes por Mercancías de Galicia (Fetram) se opone borrador de modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) propuesto por el Gobierno porque, según alertan, de llevarse a cabo tal y como está planteado en la actualidad supondría la desaparición de los autónomos, que en la actualidad suponen en Galicia el 80% del sector: cerca de 7.000 en Galicia.

La asamblea de Fetram, celebrada el fin de semana en Santiago, acordó trasladar a la federación estatal la petición de que paralice la reforma prevista, que a su juicio perjudica especialmente a Galicia, donde predominan más los autónomos que en otras autonomías. El punto más conflictivo del borrador es el que establece la flota mínima. Los transportistas tendrán que contar con al menos tres camiones para ejercer la actividad. Fetram entiende que supondrá que los autónomos acaben desapareciendo "en breve espacio de tiempo".

Los transportistas autónomos que disponen de un solo camión son la gran mayoría en sector gallego. Los que trabajan en la actualidad podrán seguir haciéndolo hasta la edad de jubilación, pero la norma impediría la entrada de nuevos autónomos en estas mismas condiciónes. "Cuando se jubilan, el derecho se pierde, perjudica el acceso al sector también en la cesión, ya que tampoco se permitirán transmisiones de autorizaciones de transporte de menos de tres vehículos", explica el presidente de Fetram, Antonio Señarís del Río.

Los transportistas gallegos quieren paralizar la reforma que el Ministerio de Fomento tiene previsto formalizar el próximo mes de abril para que entre en vigor en julio. "Pedimos que no cambien el reglamento", zanja Señarís del Río, preocupado por una norma que favorecería la concentración de flota en empresas de mayor tamaño. Todas las asociaciones territoriales integrantes de la federación estuvieron de acuerdo en posicionarse a favor de "mantener las actuales condiciones vigentes".

Por otro lado, la asamblea de transportistas gallegos abordó la necesidad de solicitar al Estado la integración en la Alianza Europea por la Carretera para poner coto al problema de diferencias salariales entre países y a la deslocalización de empresas del sector, que deriva en prácticas de dumping. Según detallan, la entrada de nuevos países en la UE ha incrementado la brecha salarial y favorecido que las empresas españolas constituyan sucursales en países del este como Polonia o Rumanía, donde los costes salariales y tributarios son inferiores, "con unas diferencias de hasta 1.800 euros", puntualiza Fetram.

Ante esta situación, la federación solicita la incorporación de España a la Alianza Europea del Transporte, que ya integran Francia, Alemania, Italia, Holanda, Luxemburgo, Austria y Bélgica, en la que se exige que cualquier empresa no nacional cumpla los requisitos mínimos salariales del país de estancia.