El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ultima el cierre de la fase de investigación del caso Pescanova, que ha indagado desde abril de 2013 en las causas del mayor concurso de una sociedad no inmobiliaria de la historia empresarial española. Con más de veinte imputados (o investigados, según la actual nomenclatura) y miles de afectados, el 6 de octubre expira la prórroga concedida por el magistrado José de la Mata para concluir las últimas pesquisas y decretar la apertura de juicio oral. El patrimonio de la familia del expresidente Manuel Fernández de Sousa en Andorra fue la razón por la que el juez dio cuatro meses más al Ministerio Fiscal antes de llevar a sala uno de los casos más mediáticos de los últimos años.
Según los cálculos de abogados consultados por FARO, es previsible que el juicio pueda arrancar en "antes de junio". Esto es, cinco años después de la entrada en concurso de la multinacional pesquera. Los pasos que se darán a partir de ahora son los siguientes. En primer lugar, y en cuanto De la Mata selle la fase de instrucción, dará traslado a los letrados de la acusación para que presenten sus escritos, en los que pedirán las penas que estimen para los investigados. Lo más probable es que este auto inicial sea recurrido, lo que demorará la publicación del segundo auto: el que dicta apertura de juicio oral. A continuación será el turno para los acusados, que deberán presentar sus escritos de defensa.
Este trámite inicial se prolongará durante unos dos meses, tras lo cual las actuaciones serán remitidas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aquí el caso acelerará o no el paso hacia la fecha del juicio en función de la agenda que tenga el tribunal, porque la fijación de la fecha depende de la Audiencia. Ahora está enfrascada, entre otros, por el escándalo de la salida a Bolsa de Bankia. Los abogados consultados por este periódico consideran que el juicio se celebrará "entre cuatro y seis meses" después de que el juzgado haya recibido todos los autos.
Al margen de la imposición de una fianza civil solidaria entre algunos de los imputados, el magistrado no adoptó ninguna otra medida cautelar. Por este motivo varios de los que a priori deberán sentarse en el banquillo han podido desplazarse a empresas de Sudáfrica, Bahamas o Arabia Saudí al no habérsele retirado el pasaporte. Otros esperan al juicio para que se les retire el embargo que pesa sobre su patrimonio (viviendas, cuentas bancarias, participaciones en empresas) para responder ante las futuras y posibles responsabilidades que decrete un juez. El principal señalado del proceso es Fernández de Sousa, a quien acompaña gran parte de los consejeros y directivos que comandaban la compañía en 2013, además de su hermano Fernando, esposa y dos hijos. Alfonso Paz-Andrade, José Antonio Pérez Nievas, Alfonso García Calvo, Antonio Táboas, Joaquín Viña Tamargo, Robert Williams o Alfredo López son algunos de los investigados.
