El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, trasladó ayer a los grupos parlamentarios la intención del Gobierno de cargar la financiación del bono social de la luz sobre todas las comercializadoras eléctricas y encontró "un amplísimo consenso" entre las formaciones políticas a su propuesta.
En concreto, el Gobierno prepara un real decreto ley para que todas las empresas comercializadoras financien el bono social que permite reducciones en la tarifa eléctrica, y esquivar así el "escollo" de la sentencia del Tribunal Supremo, que censura la discriminación actual entre empresas integradas o no.
Así lo comunicó el ministro de Energía, Turismo y Agenda Social, Álvaro Nadal, a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Congreso con portavoces de Industria de todos los grupos parlamentarios. Nadal comentó que existe unanimidad entre los grupos para que sean las compañías privadas, sin discriminación, las que soporten la financiación de este bono social, así como los 500 millones de euros que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas.
Sin embargo, el ministro no quiso ir más allá acerca de la multa, pues el Gobierno ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo ante los "problemas jurídicos" que han detectado en el mismo. En todo caso, ha asegurado que el bono social mantendrá su "status quo".
Este real decreto, que ha encontrado, afirmó el ministro, "el consenso total" de todos los grupos de la oposición, responde a la "urgencia" surgida tras el varapalo judicial dado al bono social. A partir de ahí, ha pedido a los grupos abrir líneas de trabajo para trasladar las propuestas de mejora al modelo social.
