La patronal de armadores de Namibia (Confederation of Namibia Fishing Associations) ha contratado al bufete de abogados Sisa Namandje & Co. con la intención de plantar batalla legal contra la decisión del Gobierno local de autorizar una mina de fosfato en pleno caladero, noticia que avanzó FARO en exclusiva en su edición del pasado jueves. La organización impugnará el supuesto informe medioambiental que avala la ejecución del proyecto, que pretende remover el lecho marino en 2.333 kilómetros cuadrados a 75 millas al sudoeste de Walvis Bay. Aunque la empresa adjudicataria (Namibian Marine Phosphate) recibió el visto bueno para las obras el 5 de septiembre, el plácet al proyecto no se conoció en el país hasta esta semana. El ministro de Pesca, Bernhardt Esau, se enteró el miércoles por la prensa; la decisión de aprobar la mina submarina (el proyecto se llama Sandpiper) fue de su homólogo en Medio Ambiente, Pohamba Shifeta.
De momento los abogados han remitido varios escritos al Gobierno en los que arremeten contra la adjudicación, que "agrede" a un sector que emplea a 13.000 personas y otras 8.000 de manera indirecta, y que solo en las campañas de 2015 y 2016 aportó a Namibia diez billones de dólares (más de 650 millones de euros) por las exportaciones, un 30% más que en la temporada anterior. La Confederation of Namibia Fishing Associations ha exigido asimismo tener acceso al informe de impacto ambiental (si es que existe) y una copia del documento en el que se autoriza la mina de fosfato. La empresa beneficiaria, propiedad en un 85% de un multimillonario de Omán, valora el yacimiento en 7.000 millones de euros, equivalente al 40% del PIB de Namibia de un año entero.
A través del mismo bufete han remitido otro escrito al Ministerio de Minas y Energía, a cargo de Obed Kandjoze, para averiguar si su departamento autorizó las operaciones en alta mar o, en todo caso, si conocía las intenciones de Shifeta. La patronal pesquera del país, que preside Matti Amukwa, ha reclamado en todo caso la anulación del proyecto Sandpipe, ya bloqueado en 2013, por tratarse de una iniciativa que afecta al interés público. Los armadores irán a los tribunales si es necesario y no se aclara cómo la empresa del omaní Mohammed Al Barwani pudo lograr el visto bueno a la mina, como defienden en los mismos documentos.
Entre los clientes del bufete Sisa Namandje está Cadilu Fishing, según su página web, una de las firmas participadas por Ibérica de Congelados (Iberconsa) en el país africano. Defienden también los intereses de Namport (gestiona los puertos de Walvis Bay y Lüderitz), Namsov (pesquera), First National Bank, Namibia Airports Company o la gestora de fondos de inversión Government Institutions Pension Fun (GIPF). En Galicia, como publicó ayer este periódico, el sector ha mostrado su "preocupación" por la mina de fosfato, sobre todo por todo lo que concierne al oscuro proceso de adjudicación de la misma.
