La resolución sobre el tax lease, el sistema de arrendamiento fiscal que utilizaban los astilleros y que fue suspendido por Bruselas hace casi dos años, podría no ser tan inminente después de todo. Fuentes próximas al Gobierno revelaron a FARO que la Comisión Europea (CE) aún no ha tomado una decisión sobre el expediente porque "no lo tiene claro", en referencia a las dudas jurídicas que ha suscitado el antiguo sistema de bonificaciones fiscales del naval, lo que explica el hermetismo que ha rodeado a la reunión mantenida el pasado miércoles entre el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, con el comisario de Competencia y vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre Madrid y Bruselas explicaron que son los servicios jurídicos de la Comisión (no Competencia) los que tienen que emitir un informe a favor o en contra del antiguo tax lease, en base a la normativa comunitaria y los argumentos jurídicos aportados por la defensa española (Gobierno y astilleros a través de Pymar). Ese informe pasa en una segunda fase a la Dirección General de Competencia, al frente de la cual está el comisario Almunia, que es la que debe elaborar una resolución que después se remite a los comisarios. Y sobre esa resolución, será el Colegio de Comisarios el que decida.

Las mismas fuentes apuntaron que el proceso se encuentra todavía en el primer punto, es decir, que los servicios jurídicos de José Manuel Durão Barroso aún no habrían remitido su informe sobre el tax lease al gabinete de Almunia por las dudas jurídicas que existen sobre el sistema. Esta versión contrasta con las informaciones que manejan los astilleros, según las cuales el análisis jurídico habría concluido y solo está pendiente de que Competencia lance la resolución. De una manera u otra, fuentes próximas al Gobierno manifestaron a FARO que "Bruselas aún no ha tomado una decisión porque no lo tiene claro". Esas dudas son las que habrían motivado el silencio que siguió a la reunión entre Rajoy y Almunia, en la que el sector tenía depositadas muchas esperanzas.

Sin embargo, fuentes de los astilleros interpretan ese silencio como una nota positiva dentro del proceso de resolución del tax lease, ya que las últimas declaraciones de Almunia habían puesto de manifiesto que Competencia lo tenía "claro" y que la resolución podría ser negativa para el sector.

El comisario dio a entender en dos ocasiones que las supuestas ayudas del tax lease, en caso de ser consideradas ilegales, se exigiría su reembolso a los beneficiarios de las mismas, poniendo el acento sobre inversiones y entidades financieras, supuesto que llevaría a la mayoría de astilleros a la quiebra y pondría en serio peligro unos 87.000 puestos de trabajo en toda España. Aunque el propio Almunia matizó que la Comisión debe abstenerse de reclamar su devolución cuando esto suponga ir contra un derecho fundamental de la Unión Europea (UE) como la confianza legítima y la seguridad jurídica, tal y como defiende España.

Los sindicatos exigen que la CE zanje cuanto antes y de una manera positiva para el sector el expediente del tax lease, para lo que han organizado una serie de movilizaciones que rematarán con una huelga general del naval a nivel del Estado que aún no tiene fecha, convocada por CC OO y UGT, y a la que se podrían sumar la CIG y otras centrales nacionalistas. El sector tampoco está dispuesto a que el proceso se demore más allá de junio para evitar el periodo vacacional en Bruselas y que no se pierdan más contratos.