El juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, acabó ayer con casi dos meses de parsimonia en Pescanova. La procesión de dimes y diretes, rumores, acusaciones y un silencio atronador de la compañía caracterizaron un vía crucis que empezó el 27 de febrero pasado para la segunda multinacional de Galicia, cuando no fue capaz de aprobar sus cuentas. El magistrado solo necesitó 24 horas para decidir que la cúpula gestora de la pesquera no podía seguir al frente de la misma y encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en parte también colaborado con su enfermiza serenidad al descrédito de Pescanova, que designe un administrador concursal. La compañía con sede en Chapela queda inmediatamente sometida al regulador y sus órganos de decisión no podrán tomar ninguna decisión. Tampoco su presidente, Manuel Fernández de Sousa, atado de pies y manos a la empresa que creó su padre, que sacó a bolsa y que convirtió en un gigante de producción vertical a base de préstamos. El hijo, las manos y los ojos de Pescanova hasta hoy, ha perdido todo el poder.

Desde las entrañas de la empresa, impermeable como los chubasqueros de su afamado Capitán Pescanova, apuntaron que la decisión es "el fin de una era" y la noticia no pilló de sorpresa a casi nadie. Fuentes jurídicas consultadas por FARO explicaron que el auto del juez De la Cruz se elaboró con extrema rapidez. Pescanova aportó la documentación "complementaria" -los primeros datos, que entregó el día 15, no eran suficientes- el día 23, "con entrada en el juzgado el día 24". Ayer, día 25, el magistrado arrebató de su silla a uno de los empresarios de más renombre de Galicia, y lo hizo pese a que la solicitud de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) se hizo de forma voluntaria.

¿Por qué es esto anormal? Habitualmente cuando una empresa solicita suspender pagos motu proprio mantiene los poderes de gestión. "Lo que ha hecho el juez es optar por la decisión más radical, que es la sustitución, dejando sin facultades al consejo de administración", explicaron las mismas fuentes jurídicas. "Cuando solo se interviene -en el argot legal- una compañía, el administrador concursal tiene que autorizar las decisiones de los gestores, pero no ocupa su lugar". Esta es la diferencia entre nombrar un administrador concursal con plenos poderes -y que debe nombrar la CNMV- y una intervención controlada de la empresa.

El juez, pese a que asegura no haber recibido toda la documentación según lo estipulado en la Ley Concursal, considera probada la "insolvencia" de Pescanova y aprecia que los problemas internos de la firma, con disputas mediáticas entre sus consejeros y el reconocimiento de una doble contabilidad, hacían inevitable apartar a Sousa y al resto del consejo.

"Había una relación de confianza y nunca se pensó que ocultaban cosas", explica un miembro del consejo. "Los acontecimientos han hecho que, al menos yo, perdiera la confianza de forma súbita", ahonda. "¿Ahora tenemos que demostrar que nos han engañado? Desde luego sí hay que emprender medidas porque le aseguro que me siento traicionado", confiesa a preguntas de FARO.

¿Por qué se ha apartado a Fernández de Sousa cuando sus enemigos en la firma reconocen que es quien mejor la conoce?

Riesgos en la gestión. Primera razón para echar a Sousa y el cese del actual consejo.

En el auto judicial -cuya difusión pública no resultó de especial agrado en la compañía- el juez dice lo siguiente en el punto séptimo, el más jugoso de todo el documento. "Examinada la solicitud, estrictamente desde el punto de vista señalado por la ley (los juristas interpretan esta frase como una manera del juez de desvincularse de la presión mediática), el mantenimiento de las facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos".

Un consejo dividido que no pudo aprobar las cuentas. Segunda argumentación del juez.

Entre los fundamentos que enumera el magistrado destaca "el hecho de que el órgano de administración ha incumplido el deber" de formular las cuentas anuales de 2012 "en el plazo indicado". En efecto, el 27 de febrero los doce miembros del consejo no fueron capaces de validar los resultados anuales después de que, según el fondo Luxempart, la dirección de Pescanova les trasladó una "súbita e inesperada crisis de solvencia". No cuadraban las cifras de deuda, no podían pagarse 15 millones de un crédito sindicado y no habían podido vender los activos acuícolas de Chile para obtener liquidez. Los consejeros aseguran desconocer, a día de hoy, las cuentas "reales" del año pasado.

Indiferencia hacia la CNMV. Tercera causa fundamental.

"Se reconoce incumplido el deber de presentar, ante la CNMV, los estados financieros intermedios correspondientes al segundo semestre de 2012". El regulador concedió hasta tres prórrogas a la compañía. La primera fue verbal una vez que Pescanova, a las 23:45 horas del 27 de febrero, reconocía no poder formular las cuentas y, en la mañana del 28, solicitaba el preconcurso de acreedores (artículo 5 bis de la Ley Concursal). El primer apercibimiento del regulador se produjo el día 11 de marzo, cuando anunció que había abierto una investigación por posible abuso de mercado. La segunda fue el 16 cuando, pese a estar amenazada de sanción muy grave, Pescanova solo envió al regulador "unos datos" que incluían "una especie de cuentas de explotación", según fuentes internas de la empresa.

Dos mentiras de Sousa en la declaración de concurso. Cuarta razón.

Pescanova envió la documentación del concurso el 15, pero el juez le pidió más datos. En la primera remesa la compañía indicaba que Sousa poseía el 14,426% del capital social, cuando había vendido ya 1,98 millones de acciones entre el 4 de diciembre y el 27 de febrero, y solo le quedaba un 7,5% de los títulos. Por tanto, la empresa también remitió información falsa al juzgado. El magistrado apreció, en la documentación adicional, "una diferencia en el pasivo de 88 millones de euros".

Un consejo de administración partido en dos: los afines al presidente (con o sin capital) y los socios díscolos.

El juez se hace eco también de una noticia recogida por este diario: la expiración del cargo de consejero de Fernández de Sousa el pasado martes, 23 de abril. "El cargo del miembro que es actual presidente del consejo habría caducado en fecha inmediata", expone el auto. Además, asume que la decisión de solicitar el concurso por un apretado siete a cinco "da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia. Todo lo anterior apunta, sin temor al equívoco, a que mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad", especialmente para mentener "en lo posible la actividad y el empleo". Es turno ahora de la CNMV para intentar salvar una empresa con al menos 3.000 millones de pasivo, 10.500 empleados, decenas de filiales y más de 50 años de historia.