El sector acuícola gallego considera que la nueva regulación de la actividad diseñada por la Xunta pretende dar mayores garantías jurídicas a las empresas y favorecer el desarrollo definitivo de la industria, pero matiza que la aprobación de los niveles 1 y 2 –las zonas costeras con menor protección ambiental– para la presentación de proyectos es "un paso más" en ese objetivo.

"El plan director podrá valorarse correctamente cuando se apruebe en su totalidad", explicó ayer el gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia, Fernando Otero.

El portavoz de las empresas de acuicultura instaladas en la comunidad aseguró que es "difícil" saber cuántas compañías presentarán proyectos para esas zonas con escasa protección ambiental y apuntó que ahora comienza el trabajo de los técnicos de las empresas para comprobar si alguna de esas ubicaciones responde a las necesidades de sus proyectos. "Teóricamente esas 15.000 hectáreas cumplen unos mínimos técnicos. La Xunta las seleccionó como aptas para la acuicultura teniendo en cuenta distintos parámetros de las piscifactorías que actualmente hay en Galicia", explicó Otero.

Pese a que el futuro del sector parece estar más claro, el gerente de Aroga avisa de que la crisis actual puede afectar a las inversiones de las empresas. "Es posible que algunas que había previstas en 2006 ahora no se hagan. Otras, en cambio, seguirán adelante", resaltó el portavoz de los productores gallegos.

Precisamente, para hacer frente a estas dificultades, la industria considera vital el apoyo de las administraciones, como la europea, que en el nuevo fondo para la pesca ya prevé importantes ayudas a la acuicultura que, de no gastarse, tendrán que devolverse al Ejecutivo comunitario.

Mientras, la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, limitó eventuales expropiaciones forzosas, por parte de la administración, de terrenos para poner piscifactorías en Galicia a proyectos puntuales de "interés público" en los que haya que salvar "algún obstáculo".

En relación con el plan del bipartito y los 22 proyectos que quedaron pendientes de resolver, la conselleira Quintana destacó que la Xunta actual optó por mantenerlo vigente hasta marzo del año pasado y que, pese a ello, "no hubo ningún interés" por parte de los empresarios en desarrollar ninguno de los proyectos.