El Gobierno español –a través de la Secretaría General del Mar– "ha expresado su preocupación" a la flota pesquera que faena en el Atlántico Suroccidental –en su totalidad con puerto base en Vigo o de empresas mixtas de capital gallego– a raíz de las protestas realizadas por los mandos de los pesqueros por el acoso al que les someten las patrulleras argentinas, que les solicitaban sus datos para sancionarlos posteriormente y ello en el contexto de la reclamación que el país austral mantiene con el reino Unido por la soberanía de Malvinas.

Según fuentes del Ministerio de Medio Marino, la Secretaría General del Mar "está recabando toda la información correspondiente" en relación con este asunto "con el objetivo de realizar, en su caso, todas las gestiones que sean pertinentes ante las autoridades argentinas".

La respuesta del Ejecutivo se produce después de que desde la propia embajada de Argentina en España, como ya informó este diario, se acusara a la flota pesquera española o de capital español de "pesca ilegal" en sus aguas, tal como figura en la respuesta diplomática argentina a la queja planteada por la asociación que representa a los mandos de la flota, Aetinape. En tal misiva, la embajada de Argentina en España señalaba que el país austral realiza controles a los buques españoles con licencia británica y a los de otros pabellones pero de capital español porque "las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio argentino".

Mientras que la ONU aún no se ha pronunciado sobre esta reclamación, Argentina considera suyas las aguas en que faena la flota española de Malvinas, por lo que acusa a los buques españoles de pescar ilegalmente en esos caladeros por carecer de autorización argentina para transitar por esas aguas, como establece un decreto aprobado por el país austral el pasado año.

Mientras, los armadores de esos buques, en su mayor parte adscritos a la Cooperativa de Armadores de Vigo, acreditan las quejas de los mandos de los buques y recuerdan los problemas que suscitan los impedimentos argentinos para transitar por aguas que consideran de su soberanía cuando los pesqueros se dirigen a Montevideo a realizar sus descargas. "Los barcos se ven obligados a realizar un largo recorrido alternativo, que tiene un gran coste en tiempo y dinero, por el mayor gasto de combustible para evitar esa presión y los ´obstáculos´, que llegan incluso al Río de la Plata", que marca la frontera entre Argentina y Uruguay, lo que obliga a los patrones a navegar por zonas "complicadas, con poco fondo, lo que incluso representa riesgos para la navegación".

Así lo señala José Ramón Fuertes, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), quien apela al derecho a la libre navegación que protege el derecho internacional.

Para el portavoz de los armadores "este asunto es la cantinela de siempre, relacionada con la reclamación de Malvinas, que una vez más nos salpica sin que tengamos nada que ver en cuestiones ni litigios políticos y la actividad pesquera, realizada de forma completamente legal, debe ser respetada y garantizada". Finalmente lamenta Fuertes que "una vez más van contra la flota española o de capital español, cuando en el Atlántico Suroccidental faenan otras sin que nadie las cuestione ni obstaculice por lo que no podemos interpretar esta situación más que como otro agravio comparativo".