El Tribunal de la Unión Europea paralizó ayer la aplicación del real decreto del carbón que incentiva la quema de mineral autóctono y compromete el futuro de las dos térmicas gallegas de Meirama (Cerceda) y As Pontes, que queman mineral importado. La decisión judicial se produce sólo cinco días después de que el tribunal solicitase al Gobierno central que retrasase la entrada en vigor de la norma a la espera de resolver algunas cuestiones técnicas, una petición que el Ministerio de Industria rechazó el pasado viernes y alegó que se trataba de una mera recomendación no vinculante. El Tribunal de Luxemburgo, dio ayer un paso más y aceptó aplicar las medidas cautelarísimas que le habían solicitado las compañías eléctricas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior la norma que incentiva el consumo de carbón nacional.
Recursos de las eléctricas
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaron hace dos semanas ante el Tribunal de la Unión Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea de aprobar la norma impulsada por el Gobierno español porque "no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento comunitario". En los recursos, que se presentaron por separado, las eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.
Fuentes del sector aseguran, no obstante, que el proceso podría extenderse por lo menos dos meses, el mismo plazo que el Tribunal de Luxemburgo solicitó demorar la entrada en vigor de la norma en una carta enviada el pasado viernes al Gobierno español. La decisión del tribunal europeo pilló por sorpresa al Ministerio de Industria, que evita pronunciarse por el momento ante la falta de información, que según indicaron fuentes del Ministerio se debe a que Luxemburgo admitió el recurso de las eléctricas contra una decisión de la Comisión Europea, por lo que el Ejecutivo aún no ha recibido ninguna notificación.
Las eléctricas denuncian, entre otros aspectos, que la decisión de Bruselas no fue analizada en profundidad, que es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón. El decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de octubre después de recibir la autorización de la Unión Europea fija un precio por encima del mercado para la quema de carbón autóctono en centrales térmicas –subvencionado por el Gobierno–, lo que permitirá absorber el excedente de este mineral de las cuencas españolas y resolver los problemas coyunturales de las empresas del sector. Las compañías eléctricas critican sin embargo que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos medioambientales, ya que el carbón nacional es más contaminante, además de más caro, que el importado. Las eléctricas también denuncian que el decreto, aprobado en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables, distorsiona el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación de energía al desplazar del sistema a otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas o las térmicas que consumen mineral de importación. La Xunta, que también amenazó con presentar un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo cuando la norma se publicase en el Diario de las Comunidades Europeas, valoró ayer la paralización cautelar aunque la Consellería de Economía espera ver confirmada la noticia en los próximos días.
Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional estudia paralizar de forma cautelar uno de los desarrollos del decreto del carbón después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solicitaran ayer que se mantenga durante uno o dos meses la suspensión de la obligación de presentar cartas con compromisos de compra de carbón nacional dictada de forma cautelarísima por el órgano judicial español el pasado viernes, por entender que los efectos de estas serán irreversibles.
La suspensión judicial llegó después de que las tres compañías impugnaran ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010. El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en vigor de dicha resolución, lo que ocurrió con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de octubre.
