La mayoría del comité de empresa de Gestamp (CIG) ha alcanzado un preacuerdo con la multinacional de componentes de automoción para un convenio laboral de tres años en el que la subida salarial dependerá de la facturación de esta factoría de Porriño. El texto contempla la congelación salarial si las ventas son inferiores a los 69 millones de euros, mientras que si se supera esa cantidad las nóminas aumentarán de manera gradual hasta un máximo de IPC real más 2,5 puntos, en caso de rebasarse los 97 millones. Los trabajadores votarán este viernes si aceptan la propuesta, que ya rechazaron CC OO y UGT al considerar que relacionar salarios y facturación puede manipularse.

La negociación en Gestamp coincide con los procesos en otras empresas como el Grupo Antolín Vigo, donde los trabajadores rechazaron hace unas semanas un preacuerdo firmado por UGT y CC OO, y la CIG sopesa movilizaciones; Alymosa, del Grupo Viza, donde el diálogo ha entrado en punto muerto y podría derivar en conflicto; y las fábricas del grupo Faurecia (Asientos, Escapes e Interiores), donde se están produciendo algunos avances, todavía sin resultados.

En Gestamp, planta que se dedica a la estampación de componentes (suelos, techos, interiores, etc.) para multinacionales del automóvil (PSA Peugeot Citroën, Renault y Volkswagen), los sindicatos CIG, CC OO y UGT presentaron una propuesta conjunta a la dirección de la empresa para el convenio laboral, que fue rechazada. La CIG optó entonces por romper la unidad sindical y presentar una propuesta en solitario (tiene la mayoría en el comité), sobre la cual se ha firmado un preacuerdo que deberá ser ahora ratificado por los trabajadores el próximo viernes.

La propuesta de la central nacionalista garantiza el blindaje de los puestos de empleo para los próximos tres años, así como un novedoso sistema de revisión salarial en base a la facturación de la planta. De esta forma, si la empresa tiene unas ventas inferiores a los 69 millones de euros, las nóminas se congelan. A partir de ahí, si se alcanza entre 69 y 75 millones, los salarios subirán el IPC previsto del 1%; entre 75 y 81, el IPC real; entre 85 y 89, el IPC real más 0,5 puntos, y así progresivamente hasta llegar a un máximo del IPC más 2,5 puntos si se rebasan los 97 millones.

Sin embargo, los otros dos sindicatos en el comité rechazan esta modalidad de revisión salarial: "No garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores", denuncian. CC OO y UGT argumentan que el dato de la facturación es "fácilmente manipulable" por parte de la empresa, "en especial cuando se compra materia prima a otra fábrica del grupo", en alusión a Gonvarri.

Por otra parte, fuentes sindicales dan por hecho el conflicto en Alymosa debido a las diferencias que la empresa mantiene con el comité respecto a la subida salarial. Éste, con mayoría de la CIG, solicita una subida del 17%. En Grupo Antolín Vigo tampoco hay visos de solución. Los trabajadores rechazaron por 69 votos en contra y 26 a favor el preacuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos UGT y CC OO –la CIG abandonó la negociación– para la aprobación del convenio colectivo propio.

La central nacionalista anunció que convocará una reunión para decidir próximas movilizaciones y critica que la empresa no haya vuelto a ponerse en contacto con los sindicatos "para seguir negociando el convenio".