El gobierno lalinense lamentaba a finales de agosto la negativa de la Xunta a aprobar su petición para la segunda fase de un taller de empleo con el que se pretendía rematar la recuperación de seis viviendas del Rivero para destinarlas a víctimas de maltrato y de exclusión social. El ejecutivo puso cuestionó a la consellería por el no a su proyecto y adujo razones políticas para que Lalín no se resultase beneficiado con esta iniciativa de formación y posible inserción laboral. Este discurso fue contrarrestado por el Partido Popular que a través de su portavoz, José Crespo, indicó que el proyecto no se había presentado bien y que quizá se aprobasen otros con una memoria mejor. Además de que el nivel de ejecución del primer taller laboral había sido muy pobre.
Rivero Social I contó con una aportación económica de la Xunta de 180.000 euros para costear salarios de profesorado y alumnos, mientras que al Concello le correspondió asumir el material. El presupuesto definitivo rondó los 250.000 euros. Entonces también habían sido una veintena de alumnos-trabajadores los participantes en este programa mixto, en las especialidades de operaciones auxiliares de revestimiento continuo en construcción e instalación de elementos de carpintería.
