La decisión del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente causó sorpresa entre los afectados, que ven como sucesivas sentencias de distintas instancias judiciales les dan la razón, pero la Xunta mantiene un pulso para tratar de esquivar las millonarias indemnizaciones. Si hace dos años eran 26 millones, ahora son 31 los que debe pagar y, salvo un revés inesperado, Augas de Galicia lo tiene muy complicado para salir airoso de este conflicto judicial. En 2012, tras conocer la sentencia del TSXG, la consellería se limitó a indicar que la valoración era "desproporcionada" y poco después pidió amparo al Tribunal Constitucional. A esta negativa se suma el auto de finales del mes pasado en el que el alto tribunal autonómico la conmina a acatar el fallo y desestima su alegaciones.
Ahora habrá que aguardar acontecimientos por un asunto que había sido valorado días atrás por el alcalde, José Crespo. El munícipe manifestó que, si bien consideraba los 31 millones de valoración de las fincas -más intereses- una cantidad desorbitada, al menos la sentencia garantizaba que los terrenos mantuviesen su titularidad pública para uso y disfrute de los vecinos.
