El gobierno municipal de Gondomar ha decidido asumir la tala de los ocho árboles de la finca del conde en riesgo de desplome. El juicio contra el Concello que hoy mismo iba a celebrarse en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vigo a raíz de un recurso interpuesto por el aristócrata para proteger su propiedad ha quedado aplazado para el día 12 de diciembre por problemas de agenda y el tripartito considera que la corta de las acacias inclinadas hacia la urbanización Miñor no puede esperar más. Así lo indicó ayer el alcalde, Paco Ferreira, que solicitará al magistrado una autorización para intervenir ante el "risco de accidente", que genera constantes quejas por parte de los vecinos del entorno.

Su preocupación crece en la medida que avanza el otoño y aumentan las probabilidades de fuertes vientos y lluvias. El regidor asegura compartir esta inquietud ante la posibilidad de que un temporal "desestabilice aínda máis as árbores e acaben caendo". "Temos que actuar xa", recalca.

El Ayuntamiento no necesitaría, a priori, el permiso judicial para intervenir, dado que existen hasta tres resoluciones de Alcaldía -firmadas por el anterior regidor, Fernando Guitián, en noviembre de 2012 y febrero y abril de 2015- que ordenaban al conde, Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez, la tala. Las tres contaban con el aval del arquitecto municipal, que manifestó en un informe que las ocho acacias en cuestión suponen un "risco inmimente para as persoas e as cousas". Pero el actual alcalde prefiere enviar a los operarios municipales a la finca señorial con "todas as garantías xurídicas", por eso ha decidido solicitar la autorización antes.

El propio juez del caso se ha pronunciado ya a favor de la posible tala por parte de la Administración municipal. Ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el conde para suspender la última orden de la Alcaldía. De manera que permite al Ayuntamiento proceder incluso antes de la vista porque, según su auto de junio, "prevalece el interés público de garantizar las mínimas condiciones de seguridad, no pudiendo descartarse en juicio que el daño irreparable se pudiera producir".

Si el magistrado mantiene este argumento y responde favorablemente a la petición del regidor, la eliminación de los troncos y ramas que amenazan con caerse se ejecutará de inmediato y de forma subsidiaria. Una vez que el Concello los retire, pasará los gastos de los trabajos al titular de la propiedad.

Pese a que la denuncia del conde advierte de posibles daños al inmueble a conservar, el alcalde recuerda que se trata de ocho acacias "sen ningún valor patrimonial". Fernández de Córdoba alegaba además que no existen permisos de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, organismo competente en el asunto, para talar los árboles. En este sentido, Ferreira insiste en que no son necesarios porque se impone la necesidad de garantizar la seguridad en el entorno.