El gobierno municipal de Gondomar incumple de forma reiterada los requerimientos judiciales para derribar la vivienda de la hija de un funcionario del departamento de Urbanismo, cuya licencia otorgada de forma irregular llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a condenar al ex alcalde popular Carlos Silva a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo, Antonio Martínez Quintanar, ordenó la demolición de la casa situada en el barrio Cruceiro de la parroquia de Donas en septiembre de 2009. Ante el retraso de un año en la ejecución del fallo, el magistrado acaba de remitir al Concello un requerimiento en el que pide explicaciones por la demora e información sobre las medidas llevadas a cabo para echar abajo la vivienda.
El escrito recuerda al gobierno municipal que ha excedido el segundo plazo concedido para contestar al requerimiento de demolición y, por ello, le pide el "nombre del funcionario responsable de la demora al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades".
El juez se refiere concretamente a un "funcionario" ante la circunstancia de que la vivienda unifamiliar de planta baja pertenezca a Rebeca Fernández Prieto, hija de Jaime Fernández Álvarez, que trabaja en la oficina municipal de Urbanismo desde hace años. Pero la documentación que obra en el expediente podría apuntar a una supuesta responsabilidad del alcalde, Martín Urgal, en el asunto. La técnica de administración general de Urbanismo, Elena Ares Salgado, ha hecho constar en el procedimiento al menos tres diligencias el mes pasado en las que certifica que ha remitido al regidor los requerimientos a la propietaria para que solicite licencia para el derribo, así como información sobre el asunto a los juzgados. Estos documentos han sido devueltos a la oficina de Urbanismo en la carpeta de firmas del alcalde sin la debida rúbrica o incluso retirados de la misma, según recalca la funcionaria.
La licencia de la casa formaba parte de la treintena de permisos urbanísticos que sentaron en el banquillo al ex alcalde Carlos Silva y a su junta de gobierno –Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Abelardo Meneses, Jaime Rial y José Misa– por prevaricación al concederlos con el Plan Xeral anulado por el Tribunal Supremo. Solo ésta fue tomada en consideración por el TSXG al tratarse de la única otorgada después de confirmar la secretaria municipal la llegada de un auto judicial que dejaba sin efecto un acuerdo plenario que los entonces gobernantes habían aprobado para dar por cumplida la sentencia que anulaba el Plan Xeral con unas correcciones.
