El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor de los vecinos en el conflicto de las licencias urbanísticas del barrio de O Conde, en Arcade. Después de siete años de lucha en los juzgados hasta llegar a la última instancia, una sentencia del TSXG –contra la que no cabe recurso– determina la anulación de los acuerdos de la comisión de gobierno de Soutomaior del año 2001 por los que se concedieron las licencias para los tres edificios de viviendas denunciados en O Conde.
Aunque el TSXG ya había dado la razón a los afectados en marzo del pasado año, el Concello presentó un recurso de casación, que ahora desestima el tribunal y le impone las costas del proceso.
La resolución judicial fue celebrada por la asociación vecinal, que desde el primer momento mantuvo que las licencias eran ilegales. El colectivo siempre advirtió que no se mantenían los ocho metros de anchura de la calle Calacual, situada en la parte trasera de los edificios, como contemplaban las normas subsidiarias. A pesar de las protestas de los residentes de la zona el gobierno local permitió la ejecución de las obras, lo que obligó al colectivo de afectados a iniciar un proceso judicial en marzo de 2003 que finalmente se ha resuelto a su favor.
"Nunca hemos tenido la intención de perjudicar a nadie, pero tampoco podíamos permitir que se nos perjudicara a los residentes de la zona incumpliendo las normas", explica el portavoz del colectivo vecinal, Carlos Míguez, que recalca que "la denuncia se inició antes de que se colocara el primer ladrillo, pero no nos hicieron caso y se permitió levantar los edificios, así que el responsable de este conflicto urbanístico es el alcalde", en referencia al popular Agustín Reguera.
El Concello de Soutomaior dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia y desde la asociación de O Conde advierten que exigirán a los responsables municipales que se proceda a la reposición de la legalidad urbanística en la zona. "No será fácil de solucionar, porque se trata de tres edificios de viviendas en los que residen varias familias, pero los técnicos municipales tendrán que resolver la situación", indica Míguez. Para ello se tendrá que consolidar el vial con ocho metros de anchura, cuando en la actualidad en algunos puntos no alcanza ni siquiera los tres.
Desde la asociación de vecinos también mandan un mensaje de apoyo a los residentes de los edificios afectados por la sentencia, cuyas viviendas quedan ahora en situación irregular. "Son víctimas de una situación de la que no son culpables, por lo que les ofrecemos nuestro apoyo", concluye Míguez.
