Llamadas, WhatsApps, WiFi, contestadores; más llamadas y contenidos televisivos, lo que sea... la rotación infinita de nuestras vidas. El coste de la factura de los servicios de telecomunicaciones se ha convertido en un problema para las familias trabajadoras. A esto hay que sumar la luz, el agua y el elevado coste de la vivienda en relación al estancamiento de los salarios y la precariedad del empleo. Desde 2007 el precio medio de los servicios de telefonía se ha incrementado en casi un 59% según los usuarios. España está en la Champions League de las de telecomunicaciones más caras de Europa, muy por delante de Francia o Reino Unido, países con una renta per cápita notablemente superior a la nuestra. Las tres compañías que monopolizan el mercado incrementan exponencialmente sus ganancias mientras miles de usuarios se ven expuestos periódicamente a desconexiones por impago.
La liberalización del sector iniciada por el ejecutivo de Felipe González y culminada por Aznar completó la privatización de Telefónica, convirtiendo un monopolio estatal en un oligopolio privado. Meses después se concedía la primera licencia a un operador privado en medio de una campaña publicitaria irritante en la que un niño llamado Edu nos felicitaba la Navidad. Se ignoraba entonces (o se pretendía ignorar) que las telecomunicaciones estaban destinadas a convertirse en un servicio básico una década después. Hoy resultaría difícil vivir si ellas. La búsqueda de empleo, las gestiones bancarias o los trámites con la administración se hacen cada vez más habitualmente a través de Internet.
El creciente descontento de los consumidores tras las sucesivas subidas de las tarifas sitúa al Gobierno en una posición incómoda. No olvidemos que el artículo 128 de la Constitución faculta al Estado a intervenir los sectores estratégicos de la economía cuando así lo exija el interés general. ¿Veremos algún día un presidente de España frente el número 28 de Gran Vía decir, "exprópiese"?
