La justicia de paz, el registro civil, y su evolución histórica

05.05.2013 | 03:43

Por lo general, nunca se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Exactamente esto es lo que le va a pasar a todos los ciudadanos en general, pero quizá sean más afectados los del rural, cuando sea una realidad la privatización del Registro Civil propuesta por el ministro Ruiz Gallardón y que se encuentra en la fase de anteproyecto. Por descontado, cuando sea aprobada la reforma desaparecerán las dos cualidades que más caracterizan a la justicia de paz: la proximidad y que dejará de ser gratuita. Como se suele decir, "vamos a enterarnos de cuanto vale un peine", y máxime, en época de crisis.
Para la valoración de cualquier institución u órgano, resulta indispensable la apreciación de su trayectoria histórica y de su raigambre en el entorno social.
Desde esta perspectiva, nos encontramos con que los Juzgados de Paz cuentan con un bagaje de 150 años de historia en España, constituyendo unos órganos judiciales consolidados y arraigados en nuestra sociedad. Así pues, el peso de la historia debe de considerarse como una de las principales fortalezas de la Justicia de Paz, puesto que, desde 1855 los Juzgados de Paz han venido desarrollando sus funciones en miles de municipios, subsistiendo a regímenes de signo muy diferente.
En España, en la legislación del Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 26 de Septiembre de 1855 por primera vez se habla de "justicia de paz" y posteriormente, el Real Decreto de 22 de Octubre de ese mismo año, estableció que todos los pueblos de la monarquía en que hubiese ayuntamiento, habría jueces y juzgados de paz.
Esta situación se mantuvo desde entonces hasta la actualidad, en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de Julio de 1985 le dedica un capítulo denominado "De los Juzgados de Paz", indicando en su Artículo 99 que "en cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz y Registro Civil".
Por todo lo expuesto, vemos que los Juzgados de Paz constituyen el primer escalón de la estructura judicial del Estado y que la justicia de paz es una parte fundamental de la justicia de hoy en día. La labor que se ejerce de mediadores, el contacto directo con los vecinos es un legado que no podemos permitir que se pierda y tampoco podemos olvidar a los más de 3.500 funcionarios de los Registros Civiles de todo el país. Promesas muchas, pero, ¿Qué va a pasar con ellos?
Si de siempre el propósito del legislador fue potenciar la justicia de proximidad con el fin de acercar los órganos judiciales a los ciudadanos, se debe de potenciar la justicia de paz, ya que permite la existencia de un juzgado en 7.667 municipios de España y no consentir que el anteproyecto del ministro de justicia, señor Gallardón, nos lleve a pagar unos jugosos aranceles a registradores y notarios, amén de los gastos en desplazamientos que ello acarrea. Tenemos que unirnos todos, sindicatos, alcaldes, jueces de paz, funcionarios, ciudadanos y sin olvidar la valiosa colaboración de los medios de comunicación.
Todos tenemos que luchar, porque "El que lucha, unas veces pierde y otras gana. Quién no lucha, pierde siempre"

S.P.
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