Casi tres años después de que la Policía Nacional de Vigo destapase una presunta red de inmigración ilegal liderada por un clan familiar originario de Guatemala, los acusados pronto se sentarán en el banquillo de una sala penal. La magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Vigo dictó el auto de apertura de juicio oral contra cinco investigados por presunto favorecimiento de la entrada, tránsito y permanencia ilegales de ciudadanos extranjeros realizado con ánimo de lucro, así como cinco delitos de coacciones contra varias víctimas que figuran como testigos protegidos en la causa, que subsumen tres delitos de amenazas condicionales contra dos de las afectadas.
El auto, que data del pasado 29 de octubre, recoge también los escritos de conclusiones previas formulados por la Fiscalía y la acusación particular. El Ministerio Público demanda un total de 8 años y 9 meses de prisión para el conjunto de los cinco investigados -cuatro mujeres y un varón- por dichos delitos. En el caso de la representación legal de las víctimas, ésta eleva su petición de cárcel hasta los 10 años y medios por los ilícitos de inmigración clandestina (tres de ellos de forma continuada) y coacciones. Considera, a mayores, a cuatro de ellos, en calidad de autores y a una quinta solo como coautora.
La magistrada emplaza también a una de las investigadas a que presente una fianza de 4.800 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias a las víctimas en caso de sentencia condenatoria. La sala instructora dará traslado de las actuaciones a uno de los Juzgados de lo Penal de Vigo para su juicio.
Hechos
Los hechos se remontan a principios de 2017, tras la denuncia presentada ante la comisaría de Policía de Vigo por una de las víctimas. La magistrada, en el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado poniendo fin así a la investigación, sostenía que los acusados"de forma coordinada" se dedicaban a la captación de guatemaltecas en su país de origen, facilitándoles los medios para realizar el viaje a España simulando ser turistas y solicitándoles presuntamente a cambio entre 4.000 y 8.000 euros. Cantidad que , señala, era "muy superior a la del viaje, que debían amortizar con su trabajo, amedrentándolas cuando no realizaban los pagos oportunos". La red encandilaba supuestamente a sus víctimas con promesas de sueldos de 1.500 euros como internas dedicadas al servicio doméstico.
Una de las testigos protegidos, según recoge dicho auto auto judicial de octubre, solicitó ayuda para conseguir trabajo en España a una de las investigadas, que le aseguró que se lo conseguiría si bien no le informó de que necesitaba un permiso de trabajo. La red facilitó su entrada como turista en España, facilitándole una carta de invitación y prestándole 600 euros para aparentar solvencia en los cruces de fronteras, solicitándole a cambio el pago de 7.500 euros. Le dieron alojamiento en Vigo en el domicilio de dos de las supuestas integrantes del clan y una de ellas presionaba a la víctima para que abonase la deuda ejerciendo la prostitución.
Víctimas de la presunta red de inmigración ilegal declararon en su día en el juzgado sentirse esclavizadas laboralmente en trabajosdomésticos irregulares, de largas jornadas para obtener un sueldo mínimo con el que hacer frente a la deuda contraída. Casi todas las afectadas son naturales del mismo pueblo, del que también son originarias la presunta cabecilla de la trama y otras investigadas.
