La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha señalado de urgencia para hoy la celebración del juicio por la desaparición del vecino de Monte Porreiro Bernardo Villaverde Amil, del que se desconoce su paradero desde noviembre de 2010. Relacionado con el narco José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", que también desapareció en las mismas fechas tras hundirse un barco con 3.000 kilos de hachís cerca de Portugal, los investigadores creen que estas ausencias esconden uno de los últimos ajustes de cuentas del narcotráfico gallego.

Tras varias suspensiones en los últimos meses, el juicio se retoma hoy al localizarse a la esposa de Villaverde, testigo clave en el proceso. La mujer ha sido localizada y notificada en Bolivia para que comparezca ante una autoridad de ese país y pueda declarar por videoconferencia a las cinco de esta tarde.

Así las cosas, se ha programado el inicio del juicio para hoy mismo a partir de la una de la tarde, con el interrogatorio a los cuatro acusados, vecinos de O Salnés.

La mujer fue quien denunció la desaparición de su marido, a quien vio por última vez sobre las 12 horas del 19 de noviembre de 2010 a la entrada de su vivienda. Allí lo esperaban varios hombres, según el fiscal, entre ellos los cuatro acusados M. S. F., alías "Machucho", J. J. C. G.; J. M. F. T., y F. S. S., y se fueron juntos en dos vehículos. La última noticia que tuvo de él su mujer fue una llamada telefónica asegurándole que esa misma tarde regresaría a su casa de Pontevedra. Es por ello que el Ministerio Público sostiene que el testimonio de esta mujer resulta clave para el caso.

Además, ante los reiterados aplazamientos (el última el pasado mes de septiembre), las defensas solicitaban insistentemente a la Audiencia que tomase ya una decisión, o archivar el caso provisionalmente o la celebración del juicio con la prueba existente. Cabe recordar que los cuatro acusados se enfrentan a una petición de 10 años de prisión cada uno. Aunque en el escrito de acusación no figuran las causas que motivaron esta desaparición, tanto la Policía Nacional como el propio Ministerio Público sospechan que se trata de un ajuste de cuentas.