Un equipo de la Policía Nacional en Madrid, en colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social, ha asestado un duro golpe en Pontevedra a una trama que habría defraudado 753.679 euros a la Seguridad Social con la obtención indebida de prestaciones y subvenciones laborales a través de contratos laborales ficticios de una sociedad de O Salnés.
La denominada Operación Tostado, se cierra provisionalmente con 38 detenidos en la provincia de Pontevedra -la mayoría en la comarca de Arousa, entre ellos el empresario, especializado en tecnología, sus posibles colaboradores y varias de las personas que supuestamente se beneficiaron de la estafa-, si bien no se descartan nuevos arrestos los próximos días, según informó ayer el Ministerio del Interior.
Los investigadores sitúan el epicentro de la trama del fraude a la Seguridad Social en una empresa fantasma (ficticia) de Arousa, sin actividad, "que se mantenía para simular la contratación de trabajadores con la finalidad, entre otras, de que acumularan los periodos de carencia necesarios para obtener prestaciones indebidas".
La Policía Nacional comenzó las investigaciones sobre la empresa de O Salnés al analizar la documentación intervenida en una operación de tráfico de estupefacientes en Málaga, en la que participaría un importante grupo de narcos gallegos, que resultó estar relacionada con la sociedad arousana investigada ahora por obtención de prestaciones y subvenciones de la Seguridad Social.
De los 130 trabajadores dados de alta en las distintas actividades declaradas por la empresa, 43 solicitaron y obtuvieron prestaciones tras finalizar su actividad laboral en la sociedad investigada. En total, obtuvieron prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal por valor de 213. 922 euros.
Además, dos ciudadanos extranjeros -que figuran entre los detenidos- utilizaron el alta laboral para regularizar su situación en España y otros siete se beneficiaron de incapacidades laborales, maternidad y pensiones por valor de otros 34.808 euros. El fraude total descubierto alcanzó 753.679,24 euros, según informó ayer la Policía Nacional.
La sociedad declaraba numerosas actividades que van desde la carpintería a la restauración, así como otros servicios relacionados con la tecnología de la información y la informática, para lo que aportaban distintos domicilios de actividad.
Tras el análisis policial, se solicitó un informe a la Inspección de trabajo y a la Seguridad Social de Pontevedra que concluyó también que la empresa había sido mantenido para simular la contratación de trabajadores, a fin de que acumularan los periodos de carencia necesarios que les permitiesen obtener prestaciones indebidas, como cobrar el paro; acreditar periodos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, y poder renovar u obtener autorizaciones de trabajo o permisos de residencia en caso de ciudadanos extranjeros.
La Tesorería detectó, además, que la empresa no ingresaba las cuotas por el alta de los trabajadores en la Seguridad Social, y se comprobó que que la empresa mantenía una serie de deudas con la Seguridad Social por importe de 451.491 euros. A esta cantidad se suma también otros 53.456 euros generados por el empresario por el impago de sus propios seguros sociales.
Las denominadas empresas fantasmas, como se considera a la sociedad investigada en Arousa, son entidades físicas o jurídicas sin actividad, o bien con actividad muy escasa, utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones.
