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Un caso destapado en un poblado chabolista de Vigo

La Audiencia absuelve al clan luso del delito de esclavismo y lo condena por inseguridad laboral

La sala prohíbe a los acusados desarrollar negocios relacionados con la madera en 2 años

Los acusados, durante la vista celebrada el pasado mes de junio en la Audiencia viguesa. // A. Villar

Una visita rutinaria de la UCRIF de Vigo a un poblado chabolista de Bembrive en enero de 2017 destapó lo que presuntamente se trataría de un posible caso de explotación laboral. La instrucción judicial lo reforzó y sentó en el banquillo de los acusados a un grupo familiar portugués al que se le atribuyó un delito contra la seguridad e higiene laboral así como otro ilícito contra los derechos de los trabajadores por supuestamente esclavizar a trabajadores lusos durante años y a los que tenían hacinados en caravanas y golpeaban en jornadas interminables de trabajo montando palés de madera para empresas. El juicio se celebró el pasado mes de junio y ahora la Audiencia viguesa ha dictado sentencia. El tribunal absuelve a los acusados del delito de esclavismo -por el que se enfrentaban a penas de dos años de cárcel- y los condena solo por la falta de seguridad e higiene en el trabajo, por lo que han sido condenados a penas de prisión.

El fallo todavía no es firme y contra el mismo cabe recurso ante la instancia superior. Otra de las medidas que la sala incluye en su sentencia es que el clan familiar no podrá desarrollar ninguna actividad relacionada con la madera en los próximos dos años, según fuentes del caso.

Durante la vista, los siete procesados rechazaron las acusaciones de la Fiscalía y afirmaron que al no ser una empresa pagaban a sus empleados "lo que podían" y que los mantenían. "Les dábamos de comer tres veces al día y les pagábamos según el trabajo que tuviésemos. Vamos malviviendo", reconocía una de las acusadas durante el juicio. Defendieron además que fueron las supuestas víctimas quienes solicitaron su ayuda, que se repartían el dinero, que no vigilaban su trabajo, que paraban durante la noche y que no les obligaban a vivir en el poblado. Por la contra, sí confirmaron no haberlos dado de alta en la Seguridad Social ni contar con un protocolo de higiene, seguridad y salubridad.

Los propios trabajadores aseguraron que "nadie les pegaba" y que "nadie les prohibía nada", si bien no disponían de sueldo, documentación, y ni siquiera sabían en la ciudad en la que vivían o lo que es un Vitrasa. Los forenses que testificaron en el juicio apuntaron que estos " no se plantean si su situación era o no justa porque les estaban superagradecidos a sus empleadores porque tenía cubiertas sus necesidades básicas. Solo aspiraban a tener comida y un sitio donde dormir".

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