Preocupación en O Salnés. Un vecino de Meaño, condenado por la Audiencia de Pontevedra a tres años de prisión por abusos sexuales a dos niñas menores de 6 años, a una de ellas con carácter continuado, sigue en libertad y en su casa. Está a la espera de que la Xunta le de plaza de internamiento en un centro médico desde que el pasado mes de abril se dictó sentencia firme. La situación ha causado alarma social en la zona ante el temor de que puedan repetirse hechos similares, además consideran insuficiente la orden de alejamiento de 300 metros para evitar que puedan coincidir con las víctimas.
El tribunal provincial, mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, sustituyó la pena de cárcel por su internamiento en un centro médico para que pudiera recibir tratamiento psiquiátrico. Y es que reúne características concordantes con un retraso mental leve, lo que ocasiona una "afectación moderada de sus capacidades intelectivas y volitivas en relación a estos hechos", según el fallo de la Audiencia de Pontevedra.
El propio acusado confesó ante el tribunal que le condenó, que durante dos años -de 2015 a 2017- abusó de forma continuada de una de las menores, que tenía menos de seis años. El hombre aprovechaba para quedarse a solas con la niña en casa mientras sus padres y otros familiares se encontraban en el exterior de la finca, y aunque la pequeña rehuía sus besos no pudo zafarse de sus tocamientos.
Los hechos se descubrieron a raíz de un nuevo episodio de abusos sexuales a otra niña, de 5 años, en septiembre de 2017. La pequeña jugaba en el exterior de un bar, en cuyo interior su padre tomaba una consumición, cuando el hombre aprovechó que la pequeña estaba sola y la escondió entre una moto y un coche estacionados, le bajó los pantalones y la braga y le realizó tocamientos. La niña, asustada, entró corriendo al bar y le contó lo ocurrido a su progenitor.
La Audiencia le condenó a 2 años de prisión por el delito continuado de abusos sexuales a una de las niñas, y a un año por abusos sexuales a la otra. En ambos casos sustituyó la cárcel por la medida de internamiento para tratamiento médico durante idéntico periodo de tiempo. Además le impuso otros dos años de libertad vigilada, uno por cada niña, para que participe en un programa de educación sexual, y 2.500 euros para una de las víctimas y 1.000 para la otra por los daños morales ocasionados.
