El Tribunal Supremo confirma la condena de casi 40 años de prisión para los dos responsables de una organización de trata que obligaba a prostituirse a mujeres nigerianas en clubs de alterne y que operó en Vigo, A Coruña, Córdoba y Madrid. La red de Osaron James, "Papá Bush", y su pareja, "Ame", asentada en el barrio madrileño de Moratalaz captó mediante engaños a cuatro jóvenes, dos de ellas menores de edad, en su país, y una vez en España las obligó a prostituirse y a entregarles todo el dinero que ganaban para abonar los 50.000 euros de deuda. A base de ritos vudús y golpes las convertían en esclavas sexuales.

"No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a 'pagar' hasta el billete de ida a su indignidad", recoge el fallo.

El Alto Tribunal confirma las penas de 39 años y dos meses de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a los cabecillas. A otros tres procesados les bajaba la pena tres años (de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses) al ser condenados por la Audiencia Provincial a más años de los solicitados por el fiscal, lo que supone una vulneración del principio acusatorio.

Los hechos se remontan a 2009, cuando "Papá Busch" contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. La mujer accedió y después de hacerse el pasaporte se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, creía que, si desobedecía al acusado, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males.

La víctima realizó el viaje en compañía de un hombre y de una mujer, ambos colaboradores de la red y al llegar a Madrid se encontró con que le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, y le prohibieron contactar con su familia en Nigeria y salir sola a la calle.

Después, el condenado le hizo saber que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para saldar la deuda. Tras legalizar su situación en España, llevó a la mujer a un club de alterne de Lucena (Córdoba) para ejercer la prostitución, pero después roto por otro de La Carlota (Córdoba).

Con las otras tres víctimas --dos de ellas menores de edad--, procedentes del mismo país, actuó del mismo modo. Sólo una de ellas, que sabía a lo que se dedicaba el condenado., aceptó venir a España para trabajar como prostituta, aunque fue engañada como el resto de las víctimas.

La sentencia considera que se cumplen los requisitos de la trata de personas: captación, traslado y explotación.