Un tribunal formado por magistrados de la Audiencia de Pontevedra se trasladará a Vigo para juzgar el próximo mes de septiembre el mayor alijo de heroína de Galicia en los últimos 18 años, 60 kilos intervenidos en una nave de Caldas de Reis. El juicio, con doce procesados entre los que figura u n abogado vigués y varios arousanos y albaneses, iba a celebrarse el pasado mes de junio en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo, pero fue suspendido porque el tribunal comunicó su abstención al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, ya que los mismos magistrados de la única Sala viguesa habían resuelto las apelaciones previas durante la fase de instrucción y conocían la causa, lo que comprometía su imparcialidad. Tres magistrados de Pontevedra se desplazarán a Vigo y constituirán el nuevo tribunal que juzgará al grupo de narcos del 16 al 20 de septiembre.
La demora en la celebración del juicio ha llevado a convocar hoy mismo una vista en la Sección Quinta en Vigo que decidirá si se prorroga la prisión provisional de once de los doce procesados en la causa, a quienes se ha denegado la petición de libertad durante todo el proceso. La medida debe adoptarse antes de que se cumplan los dos años de su detención e ingreso en prisión preventiva que fija la Ley. El abogado Manuel E.M., que ejerce en Vigo, acusado de liderar y organizar el alijo intervenido, es el único que no llegó a entrar en el centro penitenciario de A Lama y permanece en libertad a la espera de juicio.
La Fiscalía Antidroga de Pontevedra solicita la misma pena para cada uno de los doce acusados: 11 años de prisión y multa de 11 millones de euros.
El letrado al que se atribuye un papel principal en este caso, para el que se pide la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia, es un jurista que ya estuvo en prisión por dos condenas de tráfico de drogas -una de ellas de 9 años y un día de cárcel impuesta por la Audiencia de Pontevedra por otro alijo de 98 kilos de heroína- y que precisamente sacó la licenciatura en Derecho en prisión, ejerciendo desde 2012.
El fiscal antidroga, Pablo Varela, les acusa de delitos contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y de delito de integración en grupo criminal. En su escrito relata que todos los investigados vinieron interrelacionándose de modo sostenido en 2016 y 2017, "conforme a un esquema preestablecido de asignación de tareas personales guiadas y coordinadas". Todo ello bajo la supuesta supervisión del abogado Manuel E.M. y de otro de los encausados, J.J.V.P., con domicilio en Vilanova y ya sentenciado también por tráfico de drogas.
El objetivo de esta unión, agrega el Ministerio Público, era llevar a cabo operaciones de introducción de estupefaciente en España, "tanto cocaína como heroína", actuando para ello en supuesta colaboración con individuos y organizaciones criminales de carácter internacional. En alijo fue incautado en agosto de 2017 en un tráiler en una nave industrial de Caldas, cuando iba a ser introducido en una furgoneta. Los agentes se incautaron de casi 60 kilos de heroína valorada en 2,8 millones de euros.
