05 de junio de 2019
05.06.2019
Primera sesión del juicio en la Audiencia viguesa

El clan acusado de explotar a trabajadores lusos dice que pagaban "lo que podían" y los mantenían

La Fiscalía apunta que las víctimas vivían hacinadas y eran golpeadas en jornadas interminables

05.06.2019 | 00:47
Los siete acusados, ayer en el banquillo de la Audiencia viguesa. // A. Villar

Poco más que monosílabos y preferencia por la expresión "depende", un tenue discurso para desvirtuar la acusación de explotación laboral que los llevó al banquillo de la Audiencia viguesa centró la primera sesión de la vista contra el clan familiar por presuntamente esclavizar a trabajadores lusos durante años y a los que tenían hacinados en caravanas y golpeaban en jornadas interminables de trabajo montando palés de madera. Sus siete integrantes afrontan penas de entre 2 y 4 años de prisión. Así se recogen los hechos en el escrito de la Fiscalía, episodios que fueron negados por los encausados, también de origen portugués pero residente en dos poblados chabolistas de la urbe olívica.

Los acusados rechazaron las acusaciones y afirmaron que al no ser una empresa, les pagaban "lo que podían" y que los mantenían. "Les dábamos de comer tres veces al día y pagábamos según el trabajo que tuviésemos. Nosotros no somos una empresa, vamos malviviendo", recalcó una de las acusadas a preguntas de su defensa y la fiscal especializada en Extranjería. Defienden que fueron las víctimas quienes les solicitaron "ayuda", que no solo se dedicaban a la reparación y restauración de palés sino también a la recogida de chabola, que se repartían el dinero, que no vigilaban su trabajo, que paraban durante la noche y que no estaban obligados a vivir en el poblado. Por la contra, sí confirmaron no haber dado de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, ni contar con un protocolo de higiene, protección y salubridad.

Según se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía, los acusados empleaban a cinco trabajadores portugueses haciendo palés de madera diez horas y media al día, seis días a la semana, sin vacaciones y por un salario de entre 20 y 35 euros semanales.

Los acusados, según Fiscalía, abusaron de la necesidad y situación de vulnerabilidad de los trabajadores, alguno de los cuales vivía en la indigencia en su país natal y se trasladó en busca de trabajo a España, donde al llegar entregó sus documentos a los empresarios, quedando en completa situación de indefensión.

Uno de los acusados admitió que conoció a las supuestas víctimas en Oporto y que sabía que vivía en la calle, pero que "nunca se les prometió nada".

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