Uno de los mayores golpes al narcotráfico asestados desde Vigo fue el que frustró los planes del cártel colombiano de "Los Boyacos" de asentarse en Galicia y en otros puntos de España. Ocurrió cuando ya tocaba a su fin febrero de 2017, en un operativo dirigido por Juan Carlos Carballal, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad olívica. Transcurrido el tiempo la causa cambió de manos por cuestión de competencia. Quien se hizo cargo fue la Audiencia Nacional, concretamente el Juzgado Central de Instrucción número 6 de este órgano judicial. Una sala que recientemente prorrogó hasta el máximo legal de cuatro años la prisión provisional para los dos grandes capos que cayeron en el dispositivo: Julio Peñaranda Torres, alias El Loco o Visage, y Ronal Alfredo Roa Aguirre, El Mono. Son los únicos que siguen encarcelados en una causa en la que han resultado procesadas 29 personas por la presunta autoría de un delito contra la salud pública, por tráfico de cocaína, con la concurrencia de varias agravantes: notoria importancia por la cantidad incautada, actuación en el seno de organización delictiva y tratarse de unos hechos de "extrema gravedad".
La decisión de ampliar la prisión provisional para El Loco y El Mono se adoptó este enero cuando faltaban escasas semanas para que se cumpliesen los dos años desde que entraron en el penal. La Audiencia Nacional ha resuelto prorrogar esta situación hasta dos años más, hasta alcanzar el máximo legal de cuatro años que un investigado puede estar privado de libertad de forma preventiva a la espera de juicio.
Lo hace, según consta en uno de estos autos judiciales, al constatarse que concurren "los extremos justificadores de la prórroga". Uno de ellos es la condena a la que se enfrentarían en el futuro juicio y que, según se expone, estaría entre los 9 y los 12 años de prisión. Junto a ello se valora que se trata de un "delito grave" y un "procedimiento complejo" que requiere asegurar la presencia de los procesados "para un eficaz esclarecimiento de los hechos" en la vista oral. Existe, se señala, riesgo de huida. El juzgado central competente concluye su argumentación señalando que la investigación realizada apunta "a un entramado organizado dedicado a presuntas actividades delictivas graves directamente relacionadas con tramas extranjeras en España".
La instrucción judicial evidenció, según el auto de procesamiento, una "potente organización" que "se encargaría de la recepción, almacenaje, distribución y venta en España de importaciones de cocaína, procedente de Colombia, dentro del llamado clan de "Los Boyacos".
La cocaína fue interceptada en el país sudamericano por las autoridades locales en colaboración con la DEA y trasladada a Tampa (Florida). Desde Miami, los fardos que sumaban más de 1.900 kilos de estupefaciente viajaron en avión a Madrid y agentes encubiertos se la entregaron en Galicia al cártel, que fue desarticulado. El valor de la droga para la venta al por menor superaba los 141 millones de euros y, al por mayor, los 83 millones.
Los capos lideraban cada uno su grupo y habrían hecho una "alianza" para traer la droga y abaratar costes. Fueron apresados en Pontevedra y Padrón en febrero de 2017.
