El Juzgado de Instrucción 5 de Vigo ha prorrogado 18 meses el plazo de instrucción a la red familiar que introdujo a 30 inmigrantes ilegales con papeles falsos. Las víctimas, naturales de Guatemala, pagaban a los captadores hasta 6.000 euros por la entrada en el país. Hay una docena de investigados, casi todos de la misma familia, y cuatro víctimas que declaran como testigos protegidos. El nuevo plazo prorroga la instrucción hasta el 8 de noviembre de 2010. Además de causa compleja, la investigación se demora por la huelga de funcionarios de Justicia y porque se ha solicitado el análisis de los teléfonos móviles de las víctimas.
En febrero del año pasado el grupo Ucrif de la Policía Nacional de Vigo desarticuló la red de inmigración ilegal dirigida por tres mujeres y un hombre, quien cuenta con antecedentes pro otros ilícitos. Se les acusa de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, penado con hasta 4 años de cárcel.
