Las medidas de reforma impuestas a los menores son muy variadas. Las libertades vigiladas siguen siendo las más impuestas, un total de 71, seguidas de tareas socioeducativas, 32 y las prestaciones en beneficio de la comunidad con 23 medidas fijadas.
La medida de tratamientos ambulatorios también ha crecido en los últimos años. En ella prima el problema médico del menor por encima de su educación o reinserción. "Atendiendo a las necesidades del adolescente se le busca el especialista adecuado que lo trate, por ejemplo, con una medicación supervisada, controles de orina, etc", señala Ana Pérez.
Tal y como explican desde Arela, cada uno de estos menores cuenta con un seguimiento "específico y personal" adaptado a las medidas judiciales impuestas, como acciones de apoyo escolar, de búsqueda de empleo o intervención con las propias familias, toda vez que, en términos generales, estos adolescentes realizan una "vida normal" en sus casas y acudan periódicamente al centro de día. "Cada caso y cada medida judicial es un mundo. Lo fundamental para que salgan adelante es que estén ocupados y que logren algún tipo de competencia. Organizamos talleres en función del delito que han cometido", añade la coordinadora.
