La compra frustrada de un barco en Vigo para realizar un gran transporte de cocaína desde Sudamérica delató a la organización atribuida al vilanovés Javier Fernández Pomares, el "Peque", el mote que igual que sus hermanos heredó de su padre, ya fallecido. El objetivo era adquirir la embarcación en la ciudad olívica, en cuyos alrededores también estaba previsto el desembarco de la droga. Al fallar las negociaciones, se hicieron con el velero en el Sur de España, si bien no variaron los planes de descarga en las Rías Baixas, según fuentes próximas a la investigación.
La magistrada de Instrucción 1 de Vigo levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre la Operación Santa. Apenas 7 días después de la captura en el Atlántico de un velero cargado con cocaína (transporta entre 500 y 1.000 kilos de droga) que todavía navega hacia Vigo, la juez Concepción Segade notificaba ayer a los abogados de los 19 imputados el libre acceso al complejo sumario. Una funcionaria llamó por teléfono a cada uno de los letrados para comunicárselo ya que no habían designado aún procurador, pues en agosto la mayoría no trabajan.
Nueve de los imputados se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, entre ellos los dos tripulantes del velero que viajan en calidad de presos en el buque de la Armada que participó en el abordaje. Al menos uno de ellos también es gallego y prestarán declaración en cuanto lleguen a Vigo. En principio se espera que tanto los arrestados como el barco lleguen al puerto vigués el próximo martes. Entonces tendrá lugar el registro del velero ya que aunque se han encontrado varios fardos de droga el resto del alijo estaría en compartimentos ocultos.
A este alijo de cocaína se suman, en la misma causa, varios de hachís, que suman más de 6.500 kilos, intervenidos en otras embarcaciones en el Mediterráneo en las últimas semanas. La banda supuestamente liderada por el "Peque" y su socio, el cambadés Lorenzo Toledano que logró eludir el cerco policial, perdió en los últimos meses varios alijos con el consiguiente quebranto económico. Pero no era mala suerte.
El equipo especializado contra el crimen organizado, Greco Galicia, les seguía los pasos desde un año atrás. La causa secreta se incoó en el juzgado vigués en octubre de 2014. Desde entonces las conversaciones telefónicas del grupo, sus encuentros para preparar los distintos cargamentos de droga y sus viajes por toda España como medida de seguridad en un intento de no ser descubiertos tenían seguimiento policial. De hecho algunos agentes controlaron encuentros en Badajoz, Murcia y otros puntos de Andalucía.
Fuentes conocedoras del caso destacaban ayer la compleja investigación desarrollada por el Greco de Pontevedra y la gran calidad del trabajo desarrollado por la magistrada: "En el Greco son apenas cinco agentes, pero trabajan con tal profesionalidad y dedican tantas horas y durante tanto tiempo que todo lo que se diga de la labor que han hecho se queda corto".
De momento distintos juzgados de Andalucía han anunciado su intención de inhibirse y remitir sus diligencias al Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, que acumulará todos los transportes que se atribuyen a la organización arousana, si bien el juicio se celebrará previsiblemente en la Audiencia Nacional al estar implicadas varias comunidades autónomas.
