El Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión para un vecino de Caldas de Reis acusado de un delito de abusos sexuales a una menor de 13 años. Asimismo, pide la pena de alejamiento o de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y comunicarse con ella. Se da la circunstancia de que la adolescente es la hija de la pareja del acusado.
Según el relato de los hechos de la acusación pública, el imputado J.D., de 34 años de edad y sin antecedentes penales, "con un evidente ánimo libidinoso y con plena conciencia y voluntad de atentar contra la indemnidad sexual de la víctima, aprovechaba las ocasiones en las que se quedaba solo en compañía de la menor para abusar sexualmente de la niña".
Los hechos que irán a juicio tuvieron lugar en el primer trimestre del pasado año. El acusado convivía con la víctima y su madre en el domicilio familiar ubicado en Caldas de Reis. La pareja, además, tiene un hijo en común.
El imputado, según el Ministerio Fiscal, presenta un ligero retraso mental o psíquico que no limita de una forma significativa sus facultades intelectivas y volitivas para comprender la ilicitud de los actos que se le imputan y para actuar conforme a esa comprensión previa.
La acusación pública entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales a un menor por lo que pide la pena de cuatro años y medio de cárcel. Además de la orden de alejamiento también solicita el fiscal que se prohiba al acusado aproximarse al domicilio donde reside la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea verbal, escrito, telefónico, etc.
Según el informe forense la víctima no presenta ninguna tara o secuela psicológica o psíquica apreciable derivada de estos hechos. El juzgado de Instrucción de Caldas ya prohibió en su día que el imputado se acercara a menos de 300 metros de la adolescente como medida cautelar.
En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal interesa que se condene al acusado al pago de 1.200 euros en concepto de daño moral derivado de estos hechos típicos y antijurídicos cometidos en la persona de la menor de 13 años de edad, suma que deberá entregarse a su madre en su condición de representante legal de la niña.
La causa se juzgará en la Audiencia Provincial de Pontevedra, aunque de momento no se ha señalado la fecha.
